Francisco Garduño enfrenta su quinta audiencia judicial este 24 de enero, tras lo que podría decidirse el futuro del ex gobernador de Puebla, Sergio Salomón.
La crisis humanitaria y migratoria está en la puerta, y hoy más que nunca, el organigrama del Instituto Nacional de Migración (INM) se discute en la mesa presidencial. Francisco Garduño Yáñez, actual comisionado, enfrenta una audiencia clave este 24 de enero, que fue adelantada dos meses a petición suya tras múltiples intentos de evadir cargos relacionados con el incendio en una estancia migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023, que dejó 40 muertos y decenas de heridos. Su situación legal pone en jaque las decisiones del gobierno de Claudia Sheinbaum, quién ha señalado a Sergio Salomón Céspedes como su sucesor en el INM. Nombramiento que aún no se ha concretado, pues sigue en etapa de “transición”
El panorama migratorio se complica aún más con el segundo mandato de Donald Trump, quien ha retomado políticas como “Quédate en México” y eliminado CBP One, herramientas que afectaban directamente a los migrantes. Estas medidas han generado tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, dejando al gobierno mexicano en una posición difícil. La administración Trump ha mostrado preferencia por Garduño debido a su enfoque rígido en el control migratorio, lo que plantea desafíos adicionales para el liderazgo de Sergio Salomón.
La audiencia de Garduño, originalmente programada para el 25 de marzo, fue adelantada dos meses tras la solicitud de los abogados del comisionado. Garduño está acusado del delito de ejercicio ilícito del servicio público, un cargo que no excede los cinco años de prisión, lo que podría permitirle negociar beneficios legales. Las organizaciones defensoras de derechos humanos critican su intención de obtener una suspensión condicional del proceso. Además, señalan que el comisionado ha propuesto reparar daños materiales al inmueble afectado, pero sin contemplar la reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas del incendio.
La tragedia de Ciudad Juárez destapó graves irregularidades en la operación del INM, incluidas denuncias de corrupción, extorsión y abusos de derechos humanos por parte de su personal. Colectivos y familias de las víctimas han exigido que Garduño no solo sea destituido de su cargo, sino que enfrente un proceso penal imparcial y exhaustivo. También reclaman la creación de una comisión especial de investigación y la inclusión de las víctimas indirectas y sobrevivientes en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).
