La clase política poblana enfrenta una sacudida con dos exgobernadores -padrinos políticos de muchos en cargo- envueltos en escándalos que amenazan con impactar la estructura del poder en el estado: Manuel Bartlett y Mario Marín.
MANUEL BARTLETT EN LA MIRA DE ESTADOS UNIDOS
El nombre de Manuel Bartlett Díaz, gobernador de Puebla entre 1993 y 1999 por el Partido Revolucionario Institucional y actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha resurgido en una investigación internacional. Documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos en septiembre de 2024 refuerzan su presunta implicación en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, cuando Bartlett fungía como secretario de Gobernación.
El caso Camarena sigue abierto, y funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense han declarado que si Bartlett ingresa a Estados Unidos sería detenido de inmediato para ser interrogado. Según documentos divulgados por el periodista Ioan Grillo, testigos protegidos han implicado a Bartlett en reuniones con narcotraficantes antes y después del crimen. Estas revelaciones han reavivado el debate sobre su papel en el aparato de poder y han puesto su nombre en la mesa de las negociaciones entre el gobierno de México, liderado por Claudia Sheinbaum, y la administración estadounidense.
En el contexto de la colaboración bilateral en materia de seguridad, México ha extraditado a varios criminales ligados al narcotráfico, pero ahora Washington exige la entrega de un político de alto nivel vinculado a la corrupción. Si Bartlett fuese extraditado, la clase política poblana sufriría un fuerte remezón, pues en el círculo del poder no solo tiene muchas amistades y negocios, sino una gran influencia capaz de mover hilos.
EL GOBER PRECIOSO, MARIO MARÍN, DE NUEVO EN PRISIÓN
El otro exgobernador poblano en problemas es Mario Marín Torres, quien gobernó el estado entre 2005 y 2011. Conocido como “el góber precioso”, Marín enfrenta un proceso por la tortura de la periodista Lydia Cacho en 2005. En agosto de 2023, la jueza penal Angélica del Carmen Ortuño Suárez le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, tras pasar más de tres años en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Sin embargo, el 27 de marzo de 2025, el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito revocó esta medida debido a la gravedad del delito y el riesgo de fuga, ordenando su reingreso al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. La decisión fue impulsada por la Fiscalía General de la República (FGR), que argumentó la relevancia del caso como una agresión a la libertad de expresión y el uso ilegítimo de las instituciones del Estado para reprimir periodistas.
El regreso de Marín a prisión tiene implicaciones políticas directas en Puebla. Aunque en el discurso oficial se intenta minimizar su influencia, la realidad es que muchos de los actuales funcionarios iniciaron su carrera en su administración. Si los abogados del exgobernador logran revertir nuevamente la medida y obtener prisión domiciliaria, se enviaría un mensaje de que aún cuenta con protección dentro de las estructuras de poder.
Sin embargo Armenta ha dejado claro que él no se mete ni tiene nada que ver en el tema.
