El proceso para elegir jueces, magistrados y ministros: ¿Qué sabemos y qué nos falta por entender?
Con la promulgación de la Reforma Judicial, México se enfrenta a una de las elecciones más complejas en su historia reciente. Esta reforma, que fue aprobada con la intención de democratizar la elección de jueces y magistrados, abre la puerta para que en 2025 los ciudadanos elijan a altos funcionarios del Poder Judicial, incluyendo:
– 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
– 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial,
– 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral,
– 15 magistrados de Salas Regionales,
– 820 jueces de distrito y magistrados de circuito,
– Además de juzgadores locales en caso de elecciones locales.
Sin embargo, a pesar de la magnitud de este proceso, existen muchas preguntas sin respuesta. La falta de claridad sobre el número de casillas, los funcionarios electorales necesarios, y el costo de la elección deja en duda cómo se llevará a cabo la jornada electoral. Aún más preocupante es el desconocimiento general que los ciudadanos tienen sobre los perfiles de los candidatos.
Fechas clave para el proceso electoral
Las fechas ya están sobre la mesa y marcan el inicio de los trabajos preparativos:
– *Antes del 23 de septiembre*: Sesión del Consejo General del INE.
– *Antes del 16 de octubre*: El Senado emitirá la convocatoria para integrar las listas de candidatos.
– *Antes del 15 de diciembre*: El Congreso federal debe aprobar los cambios en las leyes secundarias.
– *Antes del 12 de febrero de 2025*: Se deben integrar los comités de evaluación y elegir a los aspirantes.
– *1 de junio*: Jornada electoral.
En este proceso, los ciudadanos deberán elegir más de 31 cargos distintos, lo que plantea un gran reto para el Instituto Nacional Electoral (INE) en cuanto a la logística del voto, la cantidad de boletas y el espacio necesario para incluir a todos los aspirantes.
El reto: ¿Conocemos realmente a quienes votamos?
Uno de los grandes desafíos de esta elección será la falta de conocimiento de los ciudadanos sobre los perfiles de los jueces y magistrados. Tradicionalmente, estos cargos han sido nombrados por el poder político, pero con la reforma, la responsabilidad recae directamente en los votantes. La pregunta clave es: ¿estamos preparados para elegir correctamente a funcionarios de tan alto nivel cuando en elecciones anteriores nos limitábamos a seis cargos principales?
Además, las reglas de campaña también presentan un cambio significativo: los candidatos no podrán recibir financiamiento público ni privado, y su promoción se limitará a tiempos oficiales en radio y televisión. Esto reduce las posibilidades de que los ciudadanos conozcan a fondo las propuestas y trayectorias de los aspirantes.
El INE tendrá que resolver problemas logísticos, como el número de funcionarios necesarios para operar las casillas y cómo evitar la intervención de grupos fácticos en las elecciones. También, el Senado y los congresos estatales deben aprobar antes del 15 de marzo los cambios a las leyes locales que permitan la implementación de la Reforma Judicial.
En resumen, el proceso electoral que se avecina está lleno de incertidumbre. Los ciudadanos aún tienen muchas preguntas sin responder, y aunque se trata de una oportunidad histórica para democratizar el Poder Judicial, queda por ver si el país está listo para enfrentarse a este nuevo reto.
