En 2025, México se enfrenta a un inminente recorte al gasto público, una medida necesaria para reducir el déficit fiscal del país. Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, tendrá la tarea de bajar el déficit del 5% al 2.5% del PIB sin implementar una reforma fiscal, lo que resultará en un recorte al gasto neto de más de 834,000 millones de pesos el próximo año.
Los sectores más vulnerables a estos recortes serán aquellos históricamente afectados durante crisis macroeconómicas, como la educación y la inversión pública. John Scott, consejero del Coneval, advierte que estos recortes podrían comprometer el “crecimiento incluyente” necesario para reducir la pobreza y la desigualdad. Según Scott, la inversión pública debe basarse en evidencia para minimizar el impacto negativo en el desarrollo futuro del país.
A pesar de la situación, Sheinbaum ha indicado que no planea una reforma fiscal inmediata. En cambio, confía en la digitalización del gobierno y los ingresos aduanales para mantener las finanzas públicas. No obstante, John Scott sugiere una alternativa viable: la eliminación selectiva de exenciones fiscales regresivas. Esta medida podría aumentar la recaudación sin incrementar las tasas impositivas y podría implementarse por decreto, según el experto.
La Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal, que incluye a destacados economistas como Gerardo Esquivel y Nora Lustig, apoya esta propuesta. Argumentan que muchas exenciones fiscales actuales benefician desproporcionadamente a sectores de altos ingresos, dejando a los más pobres en desventaja. Con 9.1 millones de personas en pobreza extrema en México, focalizar el gasto en grupos vulnerables será crucial para enfrentar este reto fiscal.
El desafío para Sheinbaum no solo radica en recortar el gasto, sino en hacerlo de manera que no profundice las desigualdades existentes. La administración deberá equilibrar la reducción del déficit con el mantenimiento de un crecimiento inclusivo y sostenible.
