El Cabildo de Puebla se prepara para oficializar el nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en su sesión del jueves. Aunque la identidad del próximo jefe de la seguridad municipal es tema de especulación, lo verdaderamente relevante es la estrategia que se implementará con su llegada. Fuentes cercanas al proceso señalan que el próximo secretario será un perfil castrense, respaldado por figuras clave como el gobernador Alejandro Armenta, el vicealmirante Francisco Sánchez González encargado de la seguridad estatal, el alcalde capitalino José Chedraui Budib y por supuesto Omar García Harfuch.
La renuncia de Fernando Rosales Solís como titular de la SSC, aceptada por el alcalde José Chedraui la noche del 3 de marzo, responde a la crisis desatada por el asesinato de dos policías municipales el pasado viernes 1 de marzo en la colonia Del Valle. La protesta de los elementos de seguridad no tardó en surgir, con cuatro días consecutivos de manifestaciones en Palacio Municipal y en la base de Rancho Colorado, exigiendo su destitución y la de su equipo más cercano.
Rosales Solís, quien asumió la dirección de la SSC el 14 de octubre de 2024, se mantuvo en el cargo por cuatro meses y medio. Ahora, su futuro inmediato está en la Subsecretaría de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, bajo el mando de Omar García Harfuch.
El gobernador Alejandro Armenta ha promovido activamente la idea de un mando militar en la SSC desde el inicio de su gestión, aunque el discurso oficial evita hablar de “imposición”. De hecho, el secretario de Gobernación municipal, Francisco Rodríguez Álvarez, declaró recientemente que hay seis perfiles sobre la mesa para el puesto, uno de ellos una mujer, y negó categóricamente que se trate de una decisión forzada por el gobierno estatal.
El contexto en el que se da este relevo en la SSC es crítico. Apenas el 2 de marzo, un macabro hallazgo puso de nuevo a Puebla en el foco de la violencia nacional: nueve cuerpos desmembrados fueron encontrados dentro de un Volkswagen Vento en el kilómetro 83 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, en San José Miahuatlán.
El vehículo contenía una bolsa con 16 manos, cuatro cuerpos en la cajuela y otra bolsa con dos manos adicionales. Se presume que los asesinados eran estudiantes tlaxcaltecas reportados como desaparecidos a finales de febrero, según informes de La Jornada. Los cuerpos mostraban signos de tortura y múltiples impactos de bala.
Este hallazgo subraya que la crisis de violencia no es exclusiva de la capital poblana, sino un fenómeno que azota a todo el estado. La narrativa mediática se ha centrado en magnificar la inseguridad en la capital, pero la realidad es que múltiples cárteles y células criminales operan con total impunidad en Puebla.
Si bien algunos adversarios políticos de Chedraui celebran que el alcalde pierda el control total sobre la SSC, lo cierto es que, en términos estratégicos, ha tomado la mejor decisión posible. La seguridad pública en Puebla es una “papa caliente” que ahora quedará en manos del gobierno estatal, lo que significa que el costo político del fracaso en este rubro recaerá directamente sobre Armenta.
La llegada de un mando castrense a la SSC no solo refuerza la tendencia a la militarización de la seguridad pública en el estado, sino que también deja en evidencia los acuerdos políticos que están definiendo el rumbo de Puebla. La gran incógnita es si la nueva estrategia logrará contener la violencia o si será otro intento fallido en una guerra que, hasta ahora, sigue cobrándose vidas sin control.
