El debate sobre la constitucionalidad de la reforma judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expuso una vez más las profundas diferencias entre los ministros. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto en el que propuso que la Corte acepte revisar las impugnaciones interpuestas por jueces y magistrados federales en contra de la reciente reforma judicial, argumentando que esto no significa que la reforma será invalidada, sino que debe analizarse su legalidad.
Ocho de los once ministros votaron a favor de esta propuesta, lo que les permite formar la mayoría necesaria para que uno de ellos redacte el proyecto de resolución final. Entre los ministros que apoyaron el análisis, destacan Margarita Ríos Farjat y Javier Laynez, quienes defendieron la necesidad de que la Corte asuma su rol de árbitro constitucional, asegurando que el debate enriquecerá el derecho mexicano.
Sin embargo, las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres votaron en contra. Para Batres, aceptar la impugnación es un “golpe de Estado” por parte de la Corte. Señaló que la SCJN actúa de manera despótica al tratar de someter a control constitucional una reforma que, a su juicio, cumple con el artículo 39 de la Constitución, que otorga al pueblo mexicano el derecho de modificar su gobierno. Advirtió que, al aceptar esta revisión, la Corte podría invalidar la reforma con una mayoría simple de seis ministros, lo cual consideró inaceptable.
Yasmín Esquivel coincidió con Batres, argumentando que permitir el análisis de la reforma abre la puerta a una crisis constitucional. Indicó que la SCJN estaría desconociendo la autoridad del poder legislativo, sugiriendo que la aceptación de la impugnación es el preludio de un golpe constitucional.
Por su parte, Juan Luis González Alcántara rechazó las acusaciones de golpismo, recordando que hace 10 años, varios miembros de Morena, como Adán Augusto López y Ricardo Monreal, solicitaron una revisión constitucional similar, sin ser acusados de subversión. Insistió en que la SCJN actúa dentro de su ámbito de competencia y en cumplimiento de la ley.
Margarita Ríos Farjat también se distanció de las críticas de Batres y Esquivel, indicando que revisar la reforma no politiza la justicia, sino que permite un análisis técnico que enriquecerá el derecho constitucional del país. Javier Laynez, en la misma línea, subrayó que la Corte debe ser un contrapeso necesario para asegurar que ninguna reforma vulnere derechos fundamentales, como el derecho al aborto, y sugirió reflexionar sobre el papel de la SCJN en futuras reformas.
Con este debate, la SCJN continúa su papel como árbitro en uno de los temas más controvertidos de los últimos años, y será un ministro de la mayoría quien elabore la resolución final que decidirá el futuro de la reforma judicial.
