El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha decidido impugnar la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre de 2024 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La senadora Carolina Viggiano, secretaria general del partido, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que la reforma vulnera el principio de división de poderes y constituye un intento del oficialismo por controlar al Poder Judicial.
Durante una conferencia de prensa, Viggiano afirmó que el proceso legislativo que aprobó la reforma estuvo plagado de irregularidades. Según la senadora, hubo violaciones a dos suspensiones previas, no se verificó el quórum legal al inicio de la discusión en la Cámara de Diputados, y faltó deliberación pública. “México es una democracia representativa, y la falta de análisis vulnera este principio”, sostuvo Viggiano. Además, criticó la falta de difusión de la ley en las entidades federativas, lo que impide un debate adecuado sobre el impacto de la reforma.
El PRI sostiene que esta reforma desarticula los ejes rectores del Estado de Derecho en México, subordinando al Poder Judicial a los otros poderes. “En lugar de fortalecer la justicia, la reforma busca someterla a los intereses del Ejecutivo”, aseveró Viggiano, quien estuvo acompañada por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el coordinador de los senadores priistas, Manuel Añorve Baños.
Desde #SanLázaro || ⚖️ El @PRI_Nacional presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte (@SCJN) en contra de la reforma al poder judicial publicada el 15 de septiembre, argumentando que vulnera la división de poderes y representa un intento del gobierno por… pic.twitter.com/JX3iNyGiih
— Moviendo Ideas (@moviendoideas) October 9, 2024
El debate sobre la reforma judicial no solo gira en torno a su contenido, sino también al proceso legislativo que la acompañó. Diversos actores políticos han señalado la falta de transparencia en el proceso de aprobación, lo que ha generado un ambiente de desconfianza sobre las verdaderas intenciones del gobierno.
El PRI, con esta acción, busca que la SCJN declare inconstitucional la reforma y frene su implementación, con la esperanza de abrir la puerta a una verdadera reforma de justicia que fortalezca al Poder Judicial, en lugar de someterlo a los intereses de un solo grupo político.
La Corte deberá analizar la demanda del PRI y decidir sobre el futuro de la reforma judicial, en un contexto en el que la independencia del Poder Judicial está en juego.
