EMEEQUIS.– Un correo electrónico enviado en 2007 de un agente estadounidense para el subdirector del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) podría complicar el futuro político del expresidente Felipe Calderón.
Se trata de una comunicación privada fechada el 28 de septiembre de hace 13 años entre el agente Carson Carroll y su jefe William Hoover. En el email, el estadounidense narra con frustración la historia de una fallida cooperación con colegas mexicanos, que deja al descubierto que el entonces gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón, sí sabía que desde la frontera norte se introducían armas a México como parte de un polémico operativo llamado “Rápido y Furioso”.
El mensaje narra que a las 8 de la noche del 27 de septiembre de 2007 los agentes Carson Carroll y Hope MacAllister tenían en la mira a tres hombres que habían pasado los días anteriores comprando 19 armas en un local en Phoenix, Arizona. “Inmediatamente contactamos y notificamos al gobierno mexicano por una posible entrega controlada de esas armas a través de Nogales, Arizona, en la frontera entre Estados Unidos y México”, escribió el agente encubierto Carson Carroll.
Cerca de medianoche, cuando los estadounidenses vieron que esos tres traficantes conducían hacia la frontera con Nogales, Sonora, llamaron a sus colegas mexicanos, cuyos nombres no están precisados en el correo. Lo hicieron incesantemente hasta que perdieron de vista a ese vehículo cargado con armas en la negrura de la madrugada.
“Nosotros, el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) no obtuvimos respuesta del lado mexicano hasta 20 minutos después, cuando nos informaron que no vieron el vehículo cruzar (la frontera)”, tecleó.
Lo que sigue en el correo electrónico es una evidencia crucial que demostraría la participación o conocimiento de autoridades mexicanas sobre el “Operativo Rápido y Furioso” en suelo nacional y que fue presentada el 11 de junio por la organización (Des)arma México, el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México y el despacho jurídico Schütte y Delsol Gojon Abogados ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Por primera vez estamos trabajando mano a mano con el gobierno mexicano y dándoles los que quieren ¡y esto es lo que obtenemos!”, escribió, frustrado, el agente Carson Carroll. “Esto lo quiero reportar al gobierno mexicano en la próxima reunión de alto nivel entre Estados Unidos y México”.
Personajes de alto nivel como Genaro García Luna habrían participado en el operativo. Foto: Iván Stephens / Cuartoscuro.com.
“TERRIBLE MENOSPRECIO POR LAS VIDAS HUMANAS”
La historia de uno de los esfuerzos más desastrosos por combatir el tráfico de armas entre México y Estados Unidos, y que hoy tiene en aprietos al dirigente de México Libre, arrancó con un nombre muy distinto con el que soy se le conoce.
Al principio, se le llamó “Dejemos que las armas caminen” y se trataba de una peligrosa estrategia ideada durante la estancia del presidente Barack Obama en la Casa Blanca y del mandatario Felipe Calderón en Los Pinos para permitir la salida de armas de Estados Unidos hacia México con el objetivo de rastrearlas y saber qué cárteles mexicanos las usaban del otro lado de la frontera.
En 2007 esa estrategia arrancó en secreto autorizando el trasiego de rifles de alto poder y metralletas de asalto, como las AK-47, las preferidas por los capos mexicanos. Los estadounidenses terminarían perdiendo la pista a 2 mil de esas armas, solo para encontrarlas meses y años después en masacres contra civiles, como la de Villas de Salvárcar, donde 16 jóvenes fueron asesinados a mansalva en Ciudad Juárez por pistoleros de crimen organizado, o en manos del círculo íntimo de poderosos narcos como Joaquín “El Chapo” Guzmán o Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” o en el asesinato de un agente de la Patrulla Fonteriza.
Tres años después, cuando el desastroso operativo comenzó a conocerse en medios de Estados Unidos, adquirió un nombre de película, porque gran parte de los traficantes de armas que vigilaba la ATF en Arizona pertenecían a un club de vehículos modificados con los que fingían participar en arrancones clandestinos, cuando su real utilidad era esconder armas. En 2010 el mundo conoció esa trama como “Operación Rápido y Furioso”.
Desde entonces, el abogado mexicano Javier Schütte, junto con otros activistas, periodistas y abogados, como Sergio Aguayo o Gonzalo Aguilar Zinser (fallecido en 2018), comenzaron a indagar cuál fue el rol de gobierno mexicano en un operativo de tales dimensiones: ¿habían permitido que Estados Unidos armara a los cárteles de la droga? ¿o todo se había hecho a espaldas del gobierno mexicano, violando la soberanía de nuestro país?
“Aunque las intenciones en un principio pudieron ser buenas, como combatir el tráfico binacional de armas, el resultado fue un desastre”, dice el abogado Javier Schütte. “Rápido y Furioso fue un terrible menosprecio por las vidas humanas, porque la lógica era dejar que las armas llegaran a México, permitir que se usaran –es decir, que mataran a seres humanos– para que la justicia en Estados Unidos pudiera resolver sus casos. Era una lógica deshumanizante”.
Pero para comenzar a desenterrar la verdad había que denunciar el presunto ejercicio indebido de funciones ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que era la misma institución que había participado y ocultado los resultados de la “Operación Rápido y Furioso”. Como era previsible para los quejosos, la denuncia contra el gobierno no prosperó durante el sexenio de Felipe Calderón.
Las indagatorias tampoco avanzaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya administración compartió con Felipe Calderón a personajes oscuros de alto nivel que habrían participado en el operativo secreto, como el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy encarcelado por colaborar con los cárteles de la droga.
“Y no olvidemos a personajes como Eduardo Medina Mora, quien fue titular de la PGR con Felipe Calderón y que con Enrique Peña Nieto fue, ni más ni menos, que el embajador del país ante Estados Unidos”, recuerda Javier Schütte.
No hay que olvidar la participación de personajes como Eduardo Medina Mora, dice Schütte. Foto: Saúl López / Cuartoscuro.com
La verdad sobre el “Operativo Rápido y Furioso” parecía destinada al entierro… hasta que el 8 de mayo la historia dio un giro inesperado: el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció en sus redes sociales que había enviado una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para que aclarara, en definitiva, si el gobierno de Felipe Calderón había permitido el operativo, cometiendo “graves violaciones a la Constitución”.
La reacción del expresidente no se hizo esperar y a través de Twitter insistió en que su administración no hizo acuerdos con Estados Unidos para introducir armas al país.
Sin embargo, un mes después llegaría hasta el escritorio del fiscal Alejandro Gertz Manero un documento que apuntaba a que el expanista sí habría tenido alguna participación en el suministro de armas a los cárteles de la droga que él mismo decía combatir.
CABLES DESCLASIFICADOS, DOCUMENTOS INTERNOS, CONVERSACIONES…
Treinta y cuatro días después de la nota diplomática enviada por la Secretaría de Relaciones Exteriores al gobierno de Donald Trump, la organización (Des)arma México, el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México y el despacho jurídico Schütte y Delsol Gojon Abogados complicaron al expresidente Felipe Calderón el argumento de que no estaba enterado sobre el la implementación del “Operativo Rápido y Furioso” en México.
A través de un escrito ante la FGR, presentaron cinco evidencias que contradicen al michoacano, entre ellas, cables desclasificados, documentos internos del gobierno de Estados Unidos y conversaciones privadas entre autoridades del otro lado del Río Bravo.
La primera evidencia es una copia del correo electrónico entre Carson Carroll y William Hoover, cuya redacción exhibe los acuerdos entre estadounidenses y mexicanos.
Correo electrónico entre Carson Carroll y William Hoover.
La segunda es un informe clasificado, elaborado en 2012 por el Congreso de Estados Unidos, donde se reproducen los acuerdos que tenían el exfiscal general de Estados Unidos, Michael Mukasey, y el exprocurador general de Mexico, Eduardo Medina Mora, sobre el “Operativo Rápido y Furioso”.
Informe legislativo sobre “Rápido y Furioso”.
La tercera es un texto oficial sobre una reunión del exprocurador Eduardo Medina Mora en 2007 con funcionarios de alto nivel de la Fiscalía General de Estados Unidos, con quienes acordaría los términos “del trabajo conjunto entre la ATF y México en el primer intento por tener una entrega controlada de armas transportadas hacia México por importantes traficantes”.
Fue un “trabajo conjunto”, se lee en el subrayado.
La cuarta es la copia de un correo electrónico entre dos altos funcionarios de la Fiscalía General de Estados Unidos, con copia a funcionarios mexicanos cuyos nombres están tachados, en el cual se establece que “representantes de la PGR-SIEDO fueron completamente informados en la operación y planeación de ‘Rápido y Furioso’. A ellos se les permitió estar presentes en el comando central de la mayoría de las operaciones. Adicionalmente, se les dieron accesos a ciertos arrestos”.
Correo con copia a funcionarios mexicanos (nombres tachados).
Y la quinta evidencia es un cable desclasificado por Wikileaks que confirmaría que altos mandos del calderonismo en la PGR, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, el CISEN y la Oficina de la Presidencia de la República tenían conocimiento del fallido operativo.
Cable desclasificado por Wikileaks que confirmaría que altos funcionarios mexicanos estaban enterados.
“Tras años de no tener avances significativos, hemos presentado estas evidencias convencidos de que la realidad política de hoy nos da una oportunidad para conocer qué pasó realmente”, asegura Javier Schütte. “Nosotros estamos convencidos de que esta evidencia nos dice que sí había conocimiento, o participación directa, del gobierno mexicano en el operativo”.
Además de las cinco evidencias presentadas ante el fiscal Alejandro Gertz Manero, los promoventes del escrito han pedido dos diligencias que retan la presunción de inocencia del expresidente Felipe Calderón: que se castigue a los responsables de la probable destrucción de los documentos que apuntaban a una responsabilidad política y penal de altos funcionarios mexicanos; y que se llame a declarar a los extitulares de todas las dependencias involucradas –incluso Genaro García Luna, hoy encarcelado– y a todos los procuradores que sirvieron a Felipe Calderón.
“Y si alguno de ellos nombra al expresidente, bueno, entonces que la justicia lo cite a declarar.
“Como dice el clásico: si sabía, mal; si no sabía, también. De cualquier modo, tiene que asumir su responsabilidad sobre este operativo que violó el deber más fundamental de cualquier gobierno: proteger la vida”, dice Javier Schütte. “Yo tengo confianza en que pronto vamos a saber la verdad”.
@oscarbalmen
