Grupo Proyecta compró a 4 pesos por m² terrenos que hoy valen 700 dólares
En el corazón de los señalamientos que enfrenta el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien solicitó públicamente a los dueños de Grupo Pasada la donación de al menos dos hectáreas de terreno para la construcción de una unidad habitacional destinada a policías estatales, se encuentran una historia escandalosa de corrupción y abuso de poder.
Grupo Posada, propietario de los terrenos en cuestión, está conformado por los hermanos Gabriel, Rafael y Alejandro Posada Cueto. Su empresa ha sido clave en el desarrollo de Lomas de Angelópolis, una de las zonas inmobiliarias de mayor plusvalía en Puebla que cuenta con al menos 37 clústers ubicados en los municipios de San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan. Se estima que allí viven al menos 100 mil personas. Su crecimiento, sin embargo, no ha estado exento de controversia. De acuerdo con denuncias públicas y periodistas locales que datan desde el 2002, los terrenos donde hoy se asienta esa zona fueron adquiridos de manera irregular y bajo condiciones de abuso hacia los campesinos originarios de la región.
Por ejemplo, en marzo de 2010, La Jornada de Oriente publicaba que:
“Los empresarios inmobiliarios Alejandro, Rafael y Gabriel Posada Cueto han sido acusados por más 100 habitantes de San Andrés Cholula y Ocoyucan –de acuerdo a un recuento del Movimiento de Pueblos Cholultecas (MPCH)– por el delito de despojo desde 2002; sin embargo, la red de corrupción que han tejido entre autoridades municipales y estatales, así como jueces, agentes del Ministerio Público, notarios y abogados, ha propiciado que hasta el momento ninguna de las querellas lograra la recuperación de los terrenos.”
Según documentos y testimonios, estos terrenos comenzaron a ser adquiridos por Grupo Proyecta en el sexenio del exgobernador priista Mariano Piña Olaya (1987-1993). Durante su mandato, se permitió la compra de tierras ejidales a precios ínfimos, muchos de ellos bajo presión, engaños o amenazas, mientras el gobierno estatal facilitaba los trámites y encarcelaba a los opositores.
Se estima que el metro cuadrado fue adquirido en promedio a 4 pesos, mientras que actualmente en esa zona se cotiza entre $9,000 y $12,000 pesos por metro cuadrado, dependiendo del fraccionamiento. La plusvalía y el negocio inmobiliario se convirtieron en una auténtica mina de oro para los Posada Cueto.
El entramado político-empresarial: nepotismo y conflicto de interés
Una parte crucial del escándalo actual es que Juan Pablo Piña Kurczyn, abogado que ha encabezado la defensa jurídica de Grupo Proyecta, es hijo del exgobernador Mariano Piña Olaya. Además, está casado con Ángeles Posada Alonso, hija de Rafael Posada Cueto. Este dato no es menor: la relación familiar directa entre quienes permitieron la venta y quienes hoy lucran con los terrenos ha levantado acusaciones de corrupción, colusión y tráfico de influencias.
Se trata de un claro caso de capitalismo de compadres, donde las decisiones políticas del pasado allanaron el camino para los negocios privados del presente. Esta red ha blindado durante décadas a los empresarios, mientras movimientos campesinos como el “Movimiento de Pueblos Cholultecas” fueron perseguidos, reprimidos y, según algunos testimonios, incluso víctimas de desapariciones forzadas.
Según el Diario 24 Horas, hasta julio de 2016, Grupo Proyecta tenía cuatro desarrollos en venta; había completado 80 clústeres, construido en 866 hectáreas y contaba con tres mil 396 hectáreas de reservas territoriales, 50 mil habitantes y 25 mil lotes vendidos. Entonces, ¿por qué les pesa la petición de 2 hectáreas del Gobernador Alejandro Armenta? Simple. Es un tema político.
En las cloacas del mundo empresarial, se dice que Grupo proyecta opera bajo el cobijo y protección de Adán Augusto López Hernández, morenista que juega con el mismo guinda Morena que AA y Claudia Sheinbaum, pero no precisamente en el mismo equipo.
