A finales del pasado mes de abril, altos mandos de la Drug Enforcement Administration -conocida popularmente como la DEA- fueron a ver al fiscal Alejandro Gertz Manero
POR RAMÓN ALBERTO GARZA – CÓDIGO MAGENTA
“Probablemente, en ningún lugar del mundo, dos vecinos se entiendan tan poco”
Alan Riding, Vecinos Distantes
A finales del pasado mes de abril, altos mandos de la Drug Enforcement Administration -conocida popularmente como la DEA- fueron a ver al fiscal Alejandro Gertz Manero.
Su lamento era que el tráfico de Fentanilo, desde México hacia los Estados Unidos, estaba creciendo desproporcionadamente y ya estaba convertido en su problema nacional de salud número uno.
Por eso, en sus conversaciones de hace casi tres meses, los norteamericanos le solicitaron a la Fiscalía mexicana aprobar 15 nuevos agentes mexicanos que se unieran a igual número de nuevos agentes norteamericanos, para localizar y desmantelar laboratorios, en donde se fabricaba la droga, con precursores de origen chino, que son contrabandeados por los puertos de Salina Cruz, Manzanillo, Guasave y Guaymas.
Pero la reacción de la Fiscalía mexicana fue poco más que extraña. Fue hostil. No solo Alejandro Gertz Manero rechazó la petición de fortalecer la cooperación, sino que redujo el número de agentes mexicanos que, hasta ese momento, participaban en labores conjuntas con la DEA.
La actitud de las autoridades mexicanas fue como un balde de agua fría para Anne Milgram, la directora de la agencia de control antidrogas, que buscaba asestar golpes que debilitaran el creciente poderío de los cárteles mexicanos, sobre todo, en los estados del Pacífico.
Las relaciones entre las autoridades judiciales de ambos países se tornaron agrias después de la detención del general Salvador Cienfuegos, en octubre de 2020.
Las tensiones de ese episodio que colocaba en el banquillo a quien fuera Secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, obligaron a reuniones de alto nivel.
En ellas participaron Marcelo Ebrard y Alejandro Gertz Manero a la mesa con el Secretario de Estado, Anthony Bilken, el titular de Homeland Security, Alejandro Mayorkas y el Fiscal norteamericano Merrick Garland.
Incluso, esas reuniones ásperas alcanzaron el grado de severo desencuentro, cuando la directora de la DEA -que no fue mencionada oficialmente en la lista de los negociadores, pero que evidentemente sí asistió- apareció en conferencia de prensa en los Estados Unidos exigiendo tres puntos a la fiscalía mexicana.
Uno, reanudar las operaciones conjuntas entre la DEA y las autoridades mexicanas.
Dos, expeditar los procesos de extradición solicitados desde Washington.
Y tres, reanudar el intercambio de información de inteligencia entre la DEA y las autoridades mexicanas.
La queja constante, tanto de los servicios de inteligencia como de las agencias responsables del combate al narcotráfico, era que desde el arranque del gobierno de la Cuarta Transformación se venía reduciendo sensiblemente el decomiso de cocaína, heroína y marihuana.
La justificación que daban, tanto las fuerzas armadas como la Guardia Nacional, era que el tráfico de drogas sintéticas -incluidas metanfetaminas y opioides- estaba desplazando la demanda de drogas tradicionales de cultivo.
Y el argumento tenía sus razones. Para el 2019, a un año de asumir la presidencia Andrés Manuel López Obrador, el tráfico del Fentanilo se volvió el gran tema, no solo de seguridad, sino de salud en la Unión Americana.
Las muertes por sobredosis, que impactan sobre todo a jóvenes, crecieron desproporcionadamente. De 58 mil muertes contabilizadas en 2020 a 107 mil reportadas en 2021. Casi duplicadas en un año.
La urgencia de la DEA era acelerar operaciones conjuntas para desmantelar los laboratorios de Fentanilo que proliferaron en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Colima y Michoacán.
Por eso sorprendió la reacción del Fiscal Gertz Manero, cuando a la petición de elevar el número de efectivos mexicanos para el rastreo conjunto de esos laboratorios y de las guaridas de los capos, la respuesta fue no solo el rotundo NO, sino la disminución de los agentes que ya estaban en operación.
Y esa fue la chispa que detonó, tanto en la Casa Blanca como en el Capitolio, la urgencia de un extrañamiento enérgico al gobierno de la Cuarta Transformación.
La ocasión propicia, frente a los oídos sordos prestados por el gobierno mexicano a las peticiones de cooperación, se dio durante la visita que el pasado 12 de julio concretaría el presidente López Obrador a la Casa Blanca.
Coincidencia o no, dos días antes del encuentro Biden-López Obrador, las autoridades mexicanas anunciaron el desmantelamiento de 29 laboratorios de drogas sintéticas, en especial de Fentanilo, y el decomiso de más de una tonelada de metanfetaminas y opioides. Una ofrenda a destiempo.
El resto es historia. Tres días después del poco afortunado encuentro en la Oficina Oval se anunció la captura de Rafael Caro Quintero, el capo más buscado por los Estados Unidos, acusado de asesinar al agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar.
Y una vez más, a contracorriente, la directora de la DEA, Anne Milgram, salió a felicitar, públicamente, a sus agentes por la captura consumada en territorio mexicano, en los dominios del llamado Cartel de Sinaloa.
De poco sirvieron las aclaraciones del embajador Ken Salazar, quien intentó devolverle el mérito absoluto de la captura del capo a las autoridades mexicanas.
La caída del helicóptero en el que viajaban 14 elementos de la Marina que habrían participado en el operativo es el principal signo de interrogación sobre la primera captura de un gran capo en lo que va del actual gobierno.
Y lo que viene será inevitablemente un cambio en esta relación de distantes y extraños amigos o la exigencia del relevo del Fiscal que, en momentos cruciales, se rehusó a cooperar con sus pares norteamericanos. El forcejeo apenas empieza.
