Antes de renunciar a dicha dependencia en junio de 2023, Castro Corro también se deslindó de alguna irregularidad en el adeudo con el SAT, igual que en la inversión fallida de 600 millones de pesos en Accendo Banco.
Por: @HectorBNL
El nuevo probable daño patrimonial por 447.5 millones de pesos descubierto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el último año de gobierno del difunto Luis Miguel Barbosa Huerta, no solo es responsabilidad del exmandatario, sino también de varios servidores públicos que manejaron los recursos sin comprobar su aplicación.
Algunos de este funcionarios también cargan algún grado de participación en los otros dos hoyos financieros del barbosismo, uno por 722 millones de pesos por un adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otro por 600 millones debido a una fallida inversión en Accendo Banco.
Ya ninguna de estas personas labora en el gobierno del estado, pero a la fecha no enfrentan ningún procedimiento en su contra, los aparentes daños al erario siguen resolverse ni han tenido consecuencias legales.
Ahora, el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina se ha visto obligado a buscar soluciones, tratar de recuperar el dinero y acreditar su destino para no hacerse acreedor de sanciones.
Los desfalcos del barbosismo
La semana pasada la ASF reveló en su informe de fiscalización que, al auditar la cuenta pública 2022, el gobierno de Miguel Barbosa no comprobó el uso de 447 millones de pesos, pues entregó contratos incompletos, sin pólizas de pago y sin facturas.
Estos recursos eran de índole federal destinados al sector Salud, pero su administración estuvo a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas, encabezada por María Teresa Castro Corro, quien dejó su cargo a mediados del año 2023.
Esta dependencia emitió las licitaciones, firmó los contratos y tenia que verificar la prestación de los servicios a área que los requirió, que era la Secretaría de Salud del estado, cuyo titular fue José Antonio Martínez García casi todo el gobierno barbosista y renunció el año pasado.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene la función de vigilar la correcta licitación, contratación y verificación de los servicios que se contratan para toda la administración estatal.
En la gestión de Barbosa Huerta la SFP tuvo dos titulares: primero Amanda Gómez Nava y luego Juan Carlos Moreno Valle Abdala, quien permanece todavía, mientras que ella fue puesta al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE), pero renunció en septiembre del 2023 tras descubrirse los hoyos financieros del barbosismo.
Esto debido a que no actuó antes ni después de los aparentes quebrantos, a pesar de que era su principal labor al frente de la Función Pública y luego como auditora del estado,
El adeudo con el SAT por 722 millones de pesos se originó en el interinato de Guillermo Pacheco Pulido y en el primer año de Barbosa Huerta, ya que se calculó mal cuánto debía pagarse al SAT del Impuesto sobre la Renta (ISR) por todo el personal al servicio del Estado.
En el gobierno interino, el actual diputado local Jorge Estefan Chidiac estuvo al frente de la Secretaría de Finanzas, pero él ha negado alguna responsabilidad sobre el crédito fiscal e incluso en próximos días Céspedes Peregrina lo sumará a su gabinete.
Antes de renunciar a dicha dependencia en junio de 2023, Castro Corro también se deslindó de alguna irregularidad en el adeudo con el SAT, igual que en la inversión fallida de 600 millones de pesos en Accendo Banco.
Esto a pesar de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) había emitido alertas sobre anomalías en las finanzas de Accendo, pero la administración de Barbosa Huerta depositó más de 4 mil millones de pesos del erario con el pretexto de que habría utilidades, sin embargo, en septiembre de 2021 la institución financiera se declaró en quiebra y el gobierno estatal ya no pudo recuperar los últimos 600 millones que había invertido.
