Esta no es solo una historia más de empresas fantasma.
Es la historia de cómo el dinero destinado para los productores del campo se esfumó.
Y de cómo algunos empresarios ligados a esas compañías ahora construyen un paraíso inmobiliario en la Península de Yucatán.
Por: Iván Alamillo y Alejandra Barriguete /MCCI
Era un día caluroso en Mérida. Ese martes 27 de agosto de 2019, el gobernador Mauricio Vila Dosal acudió junto con varios empresarios al Centro Internacional de Congresos, donde anunciaría las nuevas inversiones turísticas e inmobiliarias para el estado de Yucatán ante medios de comunicación y asistentes.
“Nosotros sabemos que hoy, quienes generan empleos, provienen de la iniciativa privada, quienes arriesgan su capital son ustedes, inversionistas, y a nosotros nos toca incentivar estas inversiones”, dijo Vila Dosal frente a un auditorio lleno.
Uno a uno, el gobernador fue nombrando los proyectos y agradeció a los inversionistas por elegir a Yucatán. Así fue hasta llegar al entonces desconocido empresario inmobiliario Gregorio Zamora Flores.
“Quiero agradecer a Gregorio Zamora de Grupo Aura, una empresa de la Ciudad de México, que van a estar invirtiendo 2,752 millones de pesos en diversos proyectos inmobiliarios, uno de ellos en Telchac Puerto”.
Grupo Aura, cuya razón social es MIG Investment SAPI de CV, fue constituida en febrero de 2019. A menos de un año de su creación, sus desarrollos de lujo ya se habían convertido en la segunda inversión privada más grande de Yucatán, sólo por detrás de Grupo Xcaret.
Ahora, una investigación de varios meses realizada por los reporteros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha podido confirmar que cuatro de los accionistas de Grupo Aura están ligados, por dos vías, a una presunta red de corrupción que operó durante los primeros años de Seguridad Alimentaria Mexicana.
La primera vía es a través de una red de seis empresas operada por un facturero que recibieron contratos por 800 millones de pesos de Segalmex y que incumplieron con entregar costales, tarimas, pesticidas y lonas que servirían para almacenar los granos que benefician a millones de productores del campo.
La segunda es a través de dos convenios por hasta 4 mil millones de pesos firmados con la empresa Grupo Vicente Suárez 73 para procesar y vender leche a Liconsa que actualmente se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República. Ambos casos fueron publicados en 2020 y 2021 por MCCI.
Pero sus vínculos con el esquema de corrupción de Segalmex no son el único pasado turbio de los socios de Grupo Aura. Algunos de sus accionistas incluso recibieron fondos desviados por la SEDATU durante la gestión de Rosario Robles. Otros han sido acusados por PEMEX de ‘huachicolear’ las donaciones de combustible que la paraestatal envió a dependencias como la SEDENA.
El grupo inmobiliario cuenta con dos desarrollos en Mérida: Aura Smart Luxury Living y Distrito Tres 70, y dos desarrollos en las playas del Puerto de Telchac: Aura Coast Telchac y Marena Beach Towers.
Al mismo tiempo que esta red ligada con los accionistas de Grupo Aura recibía cientos de millones de pesos de la dependencia, sus cuatro desarrollos comenzaban a construirse en Yucatán.
El paso a paso del saqueo a Segalmex
El modus operandi fue el mismo en los seis casos. Seguridad Alimentaria Mexicana pagaba por anticipado el 50 o el 100% del monto estipulado en los contratos –que en ocasiones ascendía a cientos de millones de pesos– aún cuando la dependencia todavía no recibía los bienes.
En varias auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control de Diconsa incluso se menciona que los funcionarios de Segalmex incurrieron en “financiamientos improcedentes” a estas empresas que una y otra vez demostraron no contar con la experiencia y la capacidad humana para realizar los servicios.
El 20 de mayo de 2020 la marca Liquid Clean fue registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por Eduardo Ortega Zamora y Agustín Zamora Flores. De acuerdo con el acta, el registro también fue solicitado por Denoter SA de CV, compañía que forma parte de la red que operó en Segalmex.
En su perfil de Linkedin, Eduardo Ortega Zamora incluso reconoce ser socio de Grupo Aura y de Liquid Clean.
Alicia Dávila y Aldahir Contreras son, en el papel, los accionistas de Denoter, la cual ganó un contrato por 13.5 millones de pesos para surtir de cubrebocas al personal de Segalmex.
Sin embargo, Aldahir es un joven de 24 años, mientras que Alicia, de 55 años, vive en una unidad habitacional popular en la alcaldía Iztacalco. MCCI intentó localizar a ambos sin éxito.
De acuerdo con actas del Registro Público del Comercio, Soluservicios Globales NXK, otra de las empresas de la red beneficiada por Segalmex, tiene como representante legal a Ana Gabriela Pérez Ortega, quien también es representante de Denoter, sociedad utilizada por los dueños de Grupo Aura.
En su último informe de la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó que Segalmex pagó por adelantado a Soluservicios Globales NXK 49 millones de pesos –el monto total del contrato– aunque nunca pudo comprobar que la compañía le entregó los pesticidas acordados.
Dos funcionarios juegan un papel central para entender cómo operó esta red de seis empresas en Segalmex: René Gavira Segreste y Miguel Carrillo Villarreal.
Como director de Precios de Garantía y Estímulos, Miguel Carrillo Villarreal era el encargado de supervisar el cumplimiento de estos contratos. A pesar de las múltiples anomalías, incumplimientos y retrasos en las entregas, Carrillo nunca aplicó las multas económicas ni rescindió los contratos con estas compañías.
Mientras que René Gavira Segreste, quien ocupó distintos puestos directivos en la alcaldía Cuajimalpa entre 2012 y 2018, tuvo bajo su control el presupuesto y la adjudicación de contratos en Segalmex como director de Administración y Finanzas hasta su salida en junio de 2020. Su nombre es una constante en los malos manejos detectados por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
De acuerdo con una una indagatoria a la que tuvo acceso el diario El Universal, actualmente Gavira es investigado por la Fiscalía General de la República por operar una presunta red de corrupción dentro de Segalmex en complicidad con el copropietario de uno de los desarrollos de Grupo Aura, Ricardo José Lambretón López Ostolaza, y con el exdelegado interino de Cuajimalpa, José Luis Pandal de la Peza, quien trabajó con Gavira como su coordinador de oficina en Segalmex.
A través de sus empresas Biserca Corporativo y Grupo Especializado en Suministros Integrales, Ricardo Lambretón obtuvo múltiples contratos por más de 20 millones de pesos del gobierno de Cuajimalpa durante el periodo en el que René Gavira era un alto funcionario de la demarcación.
Funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana que pidieron anonimato por temor a represalias, revelaron al equipo de reporteros de MCCI que Ricardo Lambretón se reunía frecuentemente con René Gavira y con José Luis Pandal en las oficinas de la dependencia en Villa Olímpica, Ciudad de México.
MCCI preguntó a Ricardo Lambretón el motivo de sus supuestas visitas a Segalmex, sin embargo, el empresario no dio respuesta.
Ahora, dos de los desarrollos de Grupo Aura, Marena Beach Towers y Aura Coast Telchac, se construyen en la línea costera que año tras año es sitio de anidación para las tortugas de carey que llegan a las playas yucatecas. Minerva, como dirigente del Club de Tortugas de Telchac, conoce mejor que nadie el impacto que estos megaproyectos tienen en el largo plazo.
Desde hace más de diez años, Minerva recorre los 18 kilómetros de playa de Telchac para asegurarse que nada ni nadie dañe a las tortugas que anidan y eclosionan en esta población de 3,500 habitantes. Aunque antes solo se enfrentaba a la caza furtiva y la depredación de los huevos, actualmente también debe hacer frente a las cuatrimotos y las luces que desorientan a las tortugas provenientes de los múltiples desarrollos que han llegado en los últimos cinco años.
El 4 diciembre de 2020, el presidente municipal de Telchac cortó el listón de inicio de obras de Marena Beach Towers, un desarrollo vertical con dos torres de ocho niveles y 84 departamentos con amenidades como infinity pool, party deck, gimnasio, cancha de pádel, salón de negocios y restaurante en la piscina. Los precios de un penthouse en este complejo pueden llegar hasta los 10 millones de pesos.
Aunque en las actas de MIG Investment SAPI de CV Ricardo Lambretón no aparece como accionista de Grupo Aura, los reporteros de MCCI pudieron comprobar, a través de las escrituras de compraventa del Registro Público de la Propiedad, que los cuatro terrenos donde se construye Marena Beach Towers fueron comprados en 16 millones de pesos por Evolution Telchac, una compañía cuyos socios son otras dos empresas: Portafolio A&G y Negocios Lambretón.
Mientras que Portafolio A&G es propiedad de Gregorio Zamora Flores y Agustín Zamora Flores, Negocios Lambretón le pertenece a Ricardo José Lambretón López Ostolaza, quien según versiones periodísticas es investigado por la FGR por presuntamente haber operado compras simuladas en Segalmex como un enlace externo de René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de la dependencia.
A pregunta expresa de los reporteros, Ricardo Lambretón afirmó que la construcción de Marena Beach Towers se lleva a cabo con un crédito de institución bancaria. MCCI pudo comprobar en actas del Registro Público de la Propiedad que el proyecto se encuentra hipotecado.
¿Quién es Ricardo Lambretón?
De 44 años de edad y originario de la Ciudad de México, Ricardo Lambretón es un empresario del sector de la construcción que lleva casi la mitad de su vida siendo proveedor del gobierno. En los últimos diez años sus empresas recibieron contratos desde instancias donde René Gavira tuvo puestos directivos. Primero desde la alcaldía Cuajimalpa y más tarde desde Segalmex.
Ocho meses después de la creación de Grupo Aura en febrero de 2019, Ricardo Lambretón firmó como testigo dos convenios por hasta 4 mil millones de pesos para el procesamiento de leche entre Liconsa y Grupo Vicente Suárez 73, una compañía sin experiencia en el ramo constituida por el empresario por el empresario Alejandro Puente Córdoba, ligado a actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón.
En agosto de 2020, MCCI hizo públicas las redes de amiguismo que llevaron a Grupo Vicente Suárez a firmar estos convenios multimillonarios con la dependencia. Ignacio Ovalle, director de la dependencia gubernamental, fue presidente de Fundación México con Valores, una organización de Movimiento Ciudadano, partido por el que Puente Córdoba fue candidato plurinominal al Senado en 2012.
¿Los encargados de firmar estos convenios? Manuel Lozano Jiménez y René Gavira Segreste, quienes en ese momento eran, respectivamente, directores de Comercialización y Administración de Segalmex.
Ambos funcionarios fueron cesados y ahora son investigados por la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción. Gavira, en específico, por los dos convenios firmados con Vicente Suarez 73.
En una auditoría de Cumplimiento Forense practicada a Liconsa, el exdirector de Operaciones de la dependencia, Bernardo Fernández Sánchez, le dijo a los auditores que el precio de 21 pesos por kilo de crema estipulado en los convenios con Grupo Vicente Suárez 73 fue fijado unilateralmente por René Gavira Segreste, eludiendo la autorización del Grupo Interno de Análisis de Venta de Crema, el órgano colegiado responsable de autorizar su precio.
Para cumplir con el objeto de los convenios, Ricardo Lambretón y Alejandro Puente invertirían en la construcción de dos plantas secadoras de leche en Zacatecas y Tabasco.
En respuesta a un cuestionario enviado por los reporteros de MCCI, Lambretón dijo que sólo firmó como testigo en ambos convenios a petición de Puente y de Liconsa, pero que no participó económicamente en el proyecto.
Hay un vínculo adicional en los desvíos en Segalmex. En su último informe de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior reveló que algunos de los costales invernadero, por los que Properloz –otra empresa de la red– recibió 94 millones de pesos, finalmente fueron distribuidos por Grupo Vicente Suárez 73, la empresa que suscribió convenios para procesamiento de leche, en los que Lambretón firmó como testigo.
Incluso, Properloz comparte número telefónico con Denoter, compañía que ha sido utilizada por Agustín Zamora Flores y Eduardo Ortega Zamora, socios de Lambretón en Marena Beach Towers, uno de los desarrollos de Grupo Aura.
Ricardo Lambretón también tiene un pasado ligado con la venta ilegal de combustible. En febrero de 2019, MCCI reveló que una investigación interna de Pemex encontró que decenas de gasolineras vendían ilegalmente combustible que había sido donado por la paraestatal a otras dependencias como la SEDENA y el gobierno del Estado de México. Las cuatro gasolineras con mayores desvíos detectados pertenecían a Grupo Tecpex, propiedad de Ricardo Lambretón.
Respuesta Ricardo Lambretón para MCCI
07 de marzo del 2022
“Mérida se ha convertido en el lugar más atractivo y seguro para vivir en todo México y la llegada de Grupo Aura lo complementa”, dijo el maestro de ceremonias ante la presencia de decenas de invitados.
Al evento acudieron los accionistas de Grupo Aura Gregorio Zamora Flores, Agustín Zamora Flores, Eduardo Ortega Zamora y su socio en el proyecto Marena Beach Towers, Ricardo José Lambretón López Ostolaza.
Una semana después del inicio de las obras en Mérida, Ricardo Reyna Barrera, un exempleado del empresario Ricardo Lambretón quien hoy es director General de Recursos Materiales y Servicios de la Cámara de Diputados, favoreció con un contrato millonario a EAO Digital Solutions, una empresa propiedad de Eduardo Ortega Zamora, uno de los accionistas Grupo Aura.
De las seis compañías que inicialmente participaron en la licitación, únicamente tres presentaron propuestas. Una de ellas era Properloz, una empresa operada por un facturero que es parte de la red de Segalmex. Properloz, a su vez, comparte número telefónico con Denoter, empresa ligada con los Zamora.
El 5 de diciembre de 2019, EAO Digital Solutions firmó un contrato hasta por 31 millones de pesos para proveer de insumos de papelería y servicio de café a los legisladores federales. Ricardo Reyna Barrera, quien en ese momento era director de Adquisiciones, fue uno de los funcionarios responsables de la licitación.
En su declaración patrimonial y de intereses, Reyna Barrera manifestó haber trabajado en la empresa Sescon Suministros y Servicios de 2017 a 2018. A través de actas obtenidas en el Registro Público del Comercio, MCCI comprobó que Sescon fue constituida por Ricardo Lambretón, quien hasta la fecha es accionista de la compañía.
Es decir, Ricardo Reyna Barrera, exempleado de Ricardo Lambretón en Sescon y actual Director de Recursos Materiales y Servicios de la Cámara de Diputados, benefició a una empresa cuyo dueño es Eduardo Ortega Zamora, accionista de Grupo Aura.
EAO Digital Solutions incluso es la compañía encargada de implementar la tecnología de “hogar inteligente” en los desarrollos de Aura.
Una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC) de Diconsa obtenida vía transparencia por MCCI muestra que Ricardo Lambretón también está ligado con un contrato otorgado a Gentsai Hoon, una empresa que ganó 65 millones de pesos para proveer 1,700 lonas que protegerían de la intemperie a los granos del programa Precios de Garantía.
El Órgano Interno encontró lo siguiente: primero, Diconsa pagó por adelantado el total del monto estipulado en el contrato –65 millones de pesos– aún cuando la empresa no entregó 796 de las 1,700 lonas a tiempo. Segundo: la cotización que Gentsai Hoon le entregó a la dependencia para el estudio de mercado tenía una firma irregular que buscaba asemejarse a la del representante legal de la compañía.
En coincidencia con los incumplimientos de Gentsai Hoon, la dependencia adquirió 40 lonas por más de un millón de pesos con Grupo Especializado en Suministros Integrales, de la que Lambretón es accionista mayoritario y administrador único, a pesar de que su compañía era completamente ajena a la contratación.
Los socios de Gentsai Hoon -que es una de las seis empresas de la red beneficiada por Segalmex- resultaron ser personas que vivían en colonias populares y que no pudieron ser localizadas por los reporteros de MCCI.
Al año siguiente Segalmex ya no contrató para ese servicio a AGZA, sino a Grupo PPA, otra compañía de asesoría en materia fiscal. Esta vez el temario que la dependencia le dio al proveedor para que cubriera en el curso incluía en el inciso II EFOS y EDOS, o sea empresas que facturan y deducen operaciones simuladas.
Es irónico que fuera Grupo PPA quien le enseñara a los empleados de Segalmex sobre este tema dado que el fundador de esta empresa, Iván Plascencia, es a su vez socio, en otra compañía, de Florencio Reséndiz, un hombre que vive en una colonia popular, que ya ha sido declarado como “facturero” por el SAT y que es accionista de Properloz, la compañía que comparte número telefónico con Denoter, sociedad utilizada por los accionistas de Grupo Aura.
Properloz fue justamente la empresa que fue usada en la Cámara de Diputados para simular la licitación que benefició a Eduardo Ortega Zamora, socio de Grupo Aura.
Y esto no es lo único que liga a estos dos despachos contables con Segalmex. Ana Gabriela Pérez Ortega, empleada de Grupo PPA, aparece en actas del Registro Público del Comercio como representante de Soluservicios Globales NXK y de Denoter, dos de las empresas de la red beneficiada por Segalmex.
Contestación Consultores AGZA
La ASF encontró que IPSA, compañía que había sido contratada por SEDATU para el mantenimiento de la infraestructura informática, no cumplió con los servicios y desvió 1.3 millones de pesos a Acurgen, empresa constituida por Jorge Enrique Alberts Ponce, quien es otro de los accionistas de Grupo Aura.
Acurgen también recibió múltiples contratos por 6.5 millones de pesos de Segalmex para servicios de sanitización y desinfección de sus oficinas.
Alberts Ponce ha participado en la construcción de tres de los cuatro complejos de Grupo Aura a través de CDC 360 SA de CV, la cual es una compañía “cascarón”.
+
CDC 360 tiene como accionistas a otras dos empresas: Portafolio A&G y Acurgen. Mientras que Portafolio A&G es propiedad de los hermanos Gregorio y Agustín Zamora Flores, Acurgen es propiedad de Jorge Enrique Alberts Ponce.
Los desarrollos de Grupo Aura, construidos por los beneficiados contratistas de Segalmex, han comenzado a transformar el paisaje de la costa yucateca y sus planes de expansión son ambiciosos. Además de los cuatro desarrollos de lujo que ya construyen en Mérida y Telchac, la compañía tiene planes para edificar cuatro complejos más: Aura Towers, Aura City, Marena Lake View y Marena Plaza.