Con 32 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones, el Congreso aprobó la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Mexicana, ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entre los nuevos delitos incluidos se encuentra la extorsión, un problema que durante 2023 acumuló 5 millones de casos, según datos presentados por la diputada del Partido Verde, Norma Estela Pimentel.
La votación dejó entrever diferencias partidistas. Los votos en contra provinieron de legisladores del PAN y del PRI, quienes argumentaron que esta medida podría representar un retroceso en derechos humanos. En este contexto, la diputada priista Delfina Pozos Vergara subió al pleno para advertir sobre el riesgo de que personas inocentes sean encarceladas de manera preventiva, sin sentencia, lo que abriría la puerta a abusos como la persecución política contra opositores del gobierno en turno.
Por su parte, el diputado de Morena, Iván Andrés Villegas Mendoza, defendió la reforma señalando que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar indispensable para evitar la evasión de la justicia en delitos graves y garantizar que las personas acusadas no intimiden a víctimas o testigos.
