Ciudad de México, 29 de junio de 2024 – El magistrado presidente de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, ha hecho un llamado enfático a respetar la carrera judicial en el contexto de la propuesta de reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su intervención durante los Diálogos Nacionales para la Reforma Constitucional del Poder Judicial, Guerra Álvarez subrayó la necesidad de proteger los derechos de todos los trabajadores del Poder Judicial, incluidos jueces, magistrados y ministros.
Guerra Álvarez destacó que las modificaciones propuestas deberían implementarse para nuevos ingresos y nombramientos, con el objetivo de no perjudicar el historial profesional de los actuales integrantes del Poder Judicial. “Es esencial que cualquier cambio preserve la integridad y los derechos de quienes ya forman parte de este sistema”, afirmó el magistrado.
En los Diálogos Nacionales, bajo el tema “¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?”, el magistrado presidente reiteró la importancia de salvaguardar los derechos de todos los trabajadores del Poder Judicial. Además, sugirió que los cambios propuestos por el Ejecutivo, como la elección de jueces y magistrados por votación ciudadana, se apliquen exclusivamente a los nuevos ingresos, tanto a nivel federal como estatal.
“La carrera judicial debe ser respetada y los cambios deben ser implementados de manera que no afecten negativamente a quienes han dedicado su vida profesional al servicio de la justicia”, añadió Guerra Álvarez.
La propuesta de reforma judicial ha generado un intenso debate en el país, con diversas opiniones sobre la elección de jueces y magistrados por votación popular y la manera en que estas modificaciones deberían ser introducidas. Guerra Álvarez instó a que las discusiones y decisiones se realicen con un enfoque reflexivo y respetuoso hacia los profesionales actuales del Poder Judicial.
Con este llamado, Rafael Guerra Álvarez busca asegurar que las reformas se implementen de manera justa y equitativa, protegiendo tanto la eficiencia del sistema judicial como los derechos de sus integrantes
