La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió ayer miércoles un fallo que pone en jaque la estrategia de seguridad diseñada por Omar García Harfuch, particularmente en lo que respecta a la lucha contra el fentanilo. El máximo tribunal determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sólo podrá congelar cuentas bancarias a petición formal de un gobierno extranjero, una medida que antes podía tomarse con base en investigaciones en curso de agencias internacionales.
Esta decisión afecta directamente el plan de García Harfuch, quien había prometido a la consejera de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall, seguir el rastro del dinero como parte de su estrategia para desmantelar la red empresarial detrás del tráfico de fentanilo. Congelar cuentas bancarias era un eje central en esta iniciativa, especialmente relevante en el marco del Entendimiento Bicentenario, el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos que será actualizado en los próximos días.
Impacto en la lucha contra el fentanilo
El principal problema del fallo de la Corte es que las solicitudes formales de congelamiento de cuentas por parte de gobiernos extranjeros suelen estar acompañadas de procesos judiciales que pueden alertar a los sospechosos y ofrecerles tiempo para mover sus activos. Esto podría complicar significativamente los esfuerzos de la UIF y del propio García Harfuch para atacar las finanzas del narcotráfico, un tema clave en la relación bilateral con Washington.
El contexto político detrás del fallo
Fuentes del gobierno señalan que esta resolución no solo afecta a García Harfuch o a la UIF, sino que es vista como una respuesta a las reformas judiciales que avanzan rápidamente en el Congreso. Para este fin de semana, se espera la aprobación completa de la reglamentación secundaria de la reforma judicial, un cambio que ha generado resistencia dentro del Poder Judicial.
Desde el 23 de septiembre, se han tramitado 82 amparos en contra de la reforma, mientras los empleados judiciales preparan un pliego de demandas que podría paralizar el funcionamiento de los tribunales en todo el país, con un impacto económico estimado en más de 8,000 millones de pesos.
Relaciones tensas entre la Corte y el gobierno
La SCJN, en el centro del conflicto, ha mostrado señales de acercamiento a la política, como lo demuestran las recientes imágenes de la ministra Norma Piña en reuniones con el senador Gerardo Fernández Noroña. Aunque estas relaciones se fortalecen, la Corte ha emitido fallos adversos al gobierno en varios temas clave, como la reciente resolución contra la reforma eléctrica respaldada por Claudia Sheinbaum.
Este ambiente de confrontación plantea preguntas sobre hasta dónde llegará el máximo tribunal en sus decisiones respecto a la reforma judicial, y si esto incentivará posturas más audaces por parte de los ministros en su interpretación de la Constitución.
Impacto en el sector empresarial
En medio de este escenario, el empresariado también se encuentra en una encrucijada. A pesar de una reunión reciente entre Francisco Cervantes y la presidenta, la incertidumbre persiste dentro del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Por un lado, Claudia Sheinbaum llama a la inversión privada para cubrir el déficit fiscal, pero por otro, las leyes secundarias de la reforma judicial generan preocupación en el sector inversor, particularmente en el área energética, donde el marco jurídico se percibe como inestable para proyectos a largo plazo.
Este es un escenario de alta tensión, con implicaciones profundas tanto para la política interna como para la relación de México con Estados Unidos en materia de seguridad.
Vía LPO
