En una reciente movida legal, jueces y magistrados de México han acusado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión de llevar a cabo un “golpe de Estado técnico” mediante la aprobación de una controvertida reforma del Poder Judicial de la federación. Este cambio legislativo, que ha suscitado intensas críticas, se realizó en medio de alegadas irregularidades.
La directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Juana Fuentes, ha encabezado la presentación de recursos legales ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fuentes argumenta que la reforma, promovida por un gobierno que se autodenomina democrático y de izquierda, constituye un intento de consolidar un régimen de excepción en México.
Durante un mitin en el plantón de trabajadores del Poder Judicial de la Federación frente al Senado de la República, Fuentes afirmó que la protesta continuará hasta que se restablezca la justicia independiente en el país. “No nos detendremos hasta que la justicia, tal y como la conocemos, pueda ser un pilar firme y seguro en este momento crucial”, dijo.
Además de las acciones legales, los juzgadores han decidido mantener el paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Las próximas movilizaciones serán determinadas por los circuitos judiciales del país, mientras el plantón frente al Senado en la Avenida Paseo de la Reforma sigue en pie.
El movimiento judicial ha anunciado que llevará su protesta a instancias nacionales e internacionales, incluyendo el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, están buscando el respaldo de redes globales de jueces y magistrados para presionar por una solución que asegure la independencia judicial.
La controversia en torno a la reforma del Poder Judicial de México subraya una creciente tensión entre el gobierno y el poder judicial. Con la presión internacional y las continuas movilizaciones en curso, el desenlace de esta crisis podría tener implicaciones significativas para la gobernanza y la independencia judicial en México.
Vía Latinus
