El Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha iniciado una investigación respecto a la disminución significativa en la detección y sanción de empresas fantasma, también conocidas como “factureras”, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta indagatoria surge tras una denuncia presentada el 3 de marzo de 2024 por el ciudadano Miguel Alfonso Meza en contra de Carlota Domínguez y Ruiz, quien ocupa el cargo de administradora central de operación de la Fiscalización Nacional del SAT.
En el documento de la denuncia, se acusa a Domínguez y Ruiz de “abuso de funciones por acción u omisión, al haber impedido la detección, investigación y persecución de ‘empresas fantasma'”. La denuncia fue tramitada a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) y se le asignó el folio 31651/2024.
En respuesta a esta denuncia, el Órgano Interno de Control del SAT, perteneciente a la Secretaría de la Función Pública, ha decidido iniciar una investigación exhaustiva sobre la actuación de la funcionaria Domínguez y Ruiz “para el total esclarecimiento de los hechos materia de la presente indagatoria”. El denunciante fue notificado de esta decisión a través de un oficio fechado el 11 de marzo.
La preocupación por el descenso en la detección de empresas fantasma ha sido un tema de interés, especialmente desde que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelara el 25 de enero pasado que desde el inicio del gobierno de López Obrador, la identificación de estas entidades ha disminuido notablemente.
En 2023, el penúltimo año de la administración de López Obrador, el SAT incluyó en su “lista negra” a solo 47 empresas fantasma. Esta cifra representa una caída del 98 por ciento en comparación con 2018, el último año del sexenio anterior, en el cual se detectaron 3,016 empresas fantasma.
Las empresas fantasma son utilizadas para evadir impuestos, lavar dinero e incluso desviar recursos públicos, como se ha visto en casos como el fraude a Segalmex o en La Estafa Maestra. Es por esto que, en 2014, se reformó el Código Fiscal de la Federación para incluir el artículo 69-B, otorgando al SAT la atribución de investigar y sancionar a los emisores de facturas falsas.
Durante el periodo de 2014 a 2018, correspondiente a la administración federal anterior, se detectaron un total de 6,466 empresas factureras. En contraste, de 2019 a 2023, durante los cinco años del gobierno actual de López Obrador, se han identificado 4,331 empresas de este tipo.
Es importante mencionar que dentro del SAT, la autoridad encargada de investigar estas prácticas, hay colaboradores cercanos al presidente López Obrador. Desde octubre de 2022, Antonio Martínez Dagnino es el titular de esta área, conocido por ser uno de los amigos de los hijos del presidente que ocupan cargos de dirección en el gobierno federal.
Además, hasta febrero pasado, Rosalinda López Hernández estuvo al frente de la Auditoría Fiscal Federal del SAT. López Hernández es una figura muy cercana al mandatario, siendo hermana de Adán Augusto, exsecretario de Gobernación y cónyuge de Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas. El mes pasado dejó su cargo en el Servicio de Administración Tributaria porque busca una candidatura al Senado por Morena en Tabasco.
Este caso ha levantado preocupaciones sobre posibles fallos en la detección de empresas fantasma y la necesidad de garantizar la transparencia y la eficacia en la fiscalización de estas prácticas ilícitas que afectan las finanzas públicas y la equidad en el sistema tributario.
Vía Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
