El Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México ha tomado una decisión trascendental que impactará la estructura judicial de la capital del país. En una determinación oficial emitida mediante el acuerdo plenario 44-17/2024 el pasado 21 de mayo, se ha autorizado la extinción de 24 Juzgados Civiles y 11 Juzgados Familiares. Este proceso se llevará a cabo en el lapso comprendido del 17 de junio al 29 de noviembre del 2024.
La secretaria general del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, Berenice Cruz González, justificó esta medida argumentando la necesidad de optimizar los recursos humanos, materiales y tecnológicos dentro del poder judicial local. Según el acuerdo plenario mencionado, los juzgados civiles a extinguirse son los números 1, 2, 3, 5, 21, 22, 26, 37, 43, 48, 53, 56, 59, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75. Por otro lado, los juzgados familiares afectados son los números 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42.
El proceso de extinción seguirá rigurosamente los Lineamientos para el Proceso de Extinción de Juzgados Civiles y Familiares del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, establecidos en el Acuerdo General 43-17/2024.
Para garantizar una transición adecuada y minimizar el impacto en la impartición de justicia, los juzgados afectados dejarán de recibir asuntos de nuevo ingreso. Esto permitirá que concluyan la mayor carga de trabajo pendiente y preparen los casos para ser entregados a los órganos jurisdiccionales que continuarán operando.
No obstante, esta decisión no está exenta de controversia. La Barra Mexicana de Abogados (BMA) ha expresado su preocupación por las implicaciones de la extinción de estos juzgados y la reasignación de casos, especialmente debido al riesgo de afectar a grupos vulnerables, como niños y adolescentes involucrados en procesos familiares.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha destacado que la medida forma parte de la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que busca homologar los procedimientos en todo el país y mejorar el acceso a la justicia.
Este proceso de transformación judicial, aunque controvertido, pretende preparar el terreno para una administración de justicia más eficiente y moderna en la Ciudad de México, adaptada a los desafíos y demandas del siglo XXI.
