Encabezado por Ulises Ruiz, un grupo de militantes realizó un plantón ante la sede el PRI para pedir la destitución de su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas. El evento provocó un zafarrancho que puso en evidencia la crisis “coyuntural” que vive el partido tras los comicios del 6 de junio.
Encabezado por Ulises Ruiz, un grupo de militantes realizó un plantón ante la sede el PRI para pedir la destitución de su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas. El evento provocó un zafarrancho que puso en evidencia la crisis “coyuntural” que vive el partido tras los comicios del 6 de junio. Seguidores y detractores del presidente priista niegan que el partido esté en extinción y hablan de la necesidad de refundarlo para hacer de él una verdadera opción de izquierda. La diferencia, dicen, está en el método: los primeros exigen la renuncia del CEN; los segundos, superar las diferencias en una asamblea.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Horas antes del zafarrancho del 29 de junio, que dejó un herido de bala, la sede nacional del PRI recibió un contingente decidido a establecer un plantón para exigir la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente nacional del partido; entre un hecho y otro también llegó al lugar un grupo de apoyo a Moreno. Los inconformes iban encabezados por Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, quien tuvo un cruce de declaraciones con el líder partidista después de los hechos de violencia.
A tres años de la debacle electoral que sacó a ese partido de la Presidencia, y a tres semanas de la elección en la que perdió ocho gubernaturas, el episodio, aun sin ser una crisis interna, proyectó algunas de las peores prácticas políticas asociadas a la historia del PRI:
El acarreo de unos y otros; un grupo de choque, cuya actuación nadie reivindica y, en el terreno declarativo, señalamientos por el pasado represor de Ulises Ruiz, quien, en respuesta, acusó nepotismo en candidaturas plurinominales, así como un presunto desvío de 400 millones de pesos de las arcas de Campeche, advirtiendo un proceso penal sobre el exgobernador de esa entidad que hoy dirige el partido.
La autoría intelectual de la trifulca no es clara. Moreno acusa a Ulises Ruiz de haberla orquestado; y éste responde que se trata de “montaje” para imputarlo política y penalmente para desestimar su “movimiento” que, sin embargo, contrasta con la actuación identificada en las imágenes de los hechos ocurridos en la calle Héroes Ferrocarrileros.
En las entrevistas concedidas por la exdiputada Nayelly Gutierrez Gijón, quien junto con Ruiz encabeza el plantón en la sede priista, son identificables dos personajes en su entorno, quienes portaban palos durante el encontronazo. Además, entre los agresores destacan Antonio Baltierra, líder del Sindicato de Meseros de Ecatepec, afiliado a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos; Mario Machuca, líder croquista en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, organización que a nivel nacional preside Isaías González Cuevas. Ambos participan también del plantón encabezado por Ruiz y Gijón.
Sin embargo, Ruiz no admite la autoría y, en entrevista con Proceso, insiste en que fue un montaje: “Yo en el momento que me enteré (asegura que no se dio cuenta de los hechos pues él estaba sobre la avenida Insurgentes y el zafarrancho ocurrió en el otro extremo, cerca de la alcaldía Cuauhtémoc) descalifiqué esos hechos. No tengo nada que ver en ese asunto y si Alejandro tiene pruebas de lo contrario, que las presente ante la autoridad y detengan a los que lo hicieron.
“Pero decir ‘es comando de fulano y están armados’, es un montaje que pretende dar y sobre todo descalificar el plantón que tiene un planteamiento de fondo: su renuncia, (la instalación de) una dirigencia interina para elegir nueva dirigencia y avanzar hacia la refundación del partido”.
Y abunda que existe un “pacto de impunidad” por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador no toca a Enrique Peña Nieto, mientras que Moreno Cárdenas no toca al mandatario. También afirma que 10 gobernadores priistas operaron a favor del hoy presidente de la Republica en 2018 y, finalmente, que hay una conducta “obsequiosa” de los legisladores del PRI con las iniciativas del Ejecutivo.
Además, sostiene que cuatro familias acapararon las candidaturas a diputados plurinominales y, finalmente, habla de un desvío de 400 millones de pesos con fines electorales en el gobierno de Campeche por el que Moreno Cárdenas puede ir a la cárcel.
