Un escándalo sin precedentes sacude a la Corte Suprema de Justicia de México, coincidiendo con un momento crítico en su relación con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La reciente detención de Ricardo Márquez, asesor de la presidenta Norma Piña, ha desatado una serie de denuncias por supuestos abusos que amenazan con ampliar la crisis en el máximo tribunal.
El martes, la Fiscalía de la Ciudad de México arrestó a Ricardo Márquez, titular de Coordinación Institucional de la Corte, acusado de abuso sexual. Márquez, quien trabajó en la Secretaría de Seguridad Federal durante el mandato de Felipe Calderón, se encuentra en el centro de una polémica que incluye su vínculo con el exsecretario Genaro García Luna, ahora sentenciado en Estados Unidos.
Las investigaciones no se detienen ahí. Según fuentes cercanas, la Fiscalía ha abierto dos expedientes contra el ministro Alberto Pérez Dayán, uno de los magistrados más destacados del tribunal. Se le investiga por un caso de supuesto abuso sexual contra una trabajadora de escasos recursos, así como por otro incidente que involucra a una magistrada federal. Estas acusaciones han generado un clima de creciente preocupación y desconfianza dentro del sistema judicial.
La Fiscalía de la CDMX ha comenzado a establecer contacto con la Cámara de Diputados para iniciar el proceso de desafuero de Pérez Dayán, lo que permitiría su arresto. Este desarrollo pone de manifiesto la tensión entre la Cuarta Transformación (4T) y la Corte Suprema, que ya se encontraba en un punto álgido debido a la reciente reforma judicial impulsada por el gobierno.
La opinión pública se encuentra en estado de alerta, demandando justicia y transparencia en un momento en que la credibilidad del sistema judicial se ve seriamente comprometida. La situación en la Corte es un recordatorio de los desafíos que enfrenta México en la lucha contra la corrupción y la impunidad dentro de sus instituciones.
El escándalo en la Corte Suprema no solo amenaza con impactar a sus figuras más prominentes, sino que también plantea interrogantes sobre la integridad del Poder Judicial en México. A medida que la Fiscalía avanza en sus investigaciones, la atención se centra en cómo se desarrollarán los acontecimientos en un contexto de creciente tensión política y social.
Vía LPO
