En el primer minuto del lunes 19 de agosto, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se unieron en un paro indefinido de labores, alzando la voz en contra de la reforma judicial que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado con una tenacidad que algunos califican de “agresiva”. La escena no pasó desapercibida: cadenas y candados cerraron las puertas del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, mientras medio centenar de empleados colgaban mantas con mensajes como “Juzgar no es un asunto de popularidad, basta de mentiras”.
El detonante de este movimiento es la presentación de un nuevo dictamen sobre la reforma al Poder Judicial, que ha sido descrita por los opositores como un intento por someter al único contrapeso efectivo entre los Poderes de la Unión. Los trabajadores del PJF, quienes representan la base de más de 55,000 personas, han decidido que ya es suficiente; el diálogo, aseguran, se agotó.
Entre los cambios más significativos se encuentran la reducción de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, la implementación de un proceso de elección ciudadana para jueces y magistrados, y la eliminación de fondos y fideicomisos que podrían asegurar cierta autonomía financiera.
La reforma también modifica directamente a los derechos laborales de los trabajadores del PJF, quienes temen que la eliminación de la carrera judicial ponga en riesgo su estabilidad y meritocracia. Las voces de protesta no han tardado en unirse, llamando a las organizaciones civiles, universidades, y colectivos de derechos humanos a sumarse en defensa de un Poder Judicial independiente.
Si bien el movimiento ha encontrado eco en diversas entidades, en Puebla varios procesos judiciales quedarán suspendidos de manera indefinida. Los jueces y magistrados aún no han decidido si se sumarán al paro, pero lo que es claro es que el panorama político en la entidad no será el mismo después de este enfrentamiento.
