Multas de hasta 56 mil pesos y prisión para quienes usen su automóvil como taxi “colectivo” en Puebla
16 de marzo de 2025
Puebla, México — Utilizar un automóvil particular como taxi “colectivo” o prestarse a brindar servicios de transporte pirata en Puebla podría tener consecuencias severas para los conductores que infrijan la ley. Según el Código Penal del Estado, las penas incluyen multas de hasta 56 mil pesos e incluso seis años de prisión para aquellos que presten el servicio sin la concesión correspondiente.
Estas sanciones, que fueron aprobadas por el Congreso de Puebla en marzo de 2020, buscan regular y controlar el transporte público no autorizado, estableciendo consecuencias más estrictas para los infractores. El artículo 190 bis del Código Penal estatal especifica que quienes presten servicio de transporte público y mercantil sin contar con la debida concesión o permiso de la autoridad serán sujetos a sanciones penales.
Penalizaciones detalladas
El texto legal establece penas de ocho meses a seis años de prisión para los responsables del servicio de transporte pirata. Además, se establece una multa de entre 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un rango de 11 mil 314 pesos hasta 56 mil 570 pesos. También se contempla el decomiso del vehículo utilizado en la comisión del delito, así como la suspensión de la licencia de conducir por hasta 10 años o, en algunos casos, su cancelación definitiva.
Estas disposiciones están diseñadas para regular el transporte no autorizado y evitar que los conductores operen sin la concesión del gobierno, lo cual es considerado un acto ilegal que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y la competitividad de los servicios legales.
Abarca a los servicios de grúas y arrastre
Además de los taxis “colectivos”, estas sanciones también se extienden a quienes operen vehículos de arrastre y salvamento, como grúas y corralones, sin contar con la debida concesión otorgada por el gobierno. Esto significa que las autoridades no solo están enfocadas en el transporte público tradicional, sino también en otros servicios vinculados al tráfico vehicular.
Reacción ante la ilegalidad del transporte pirata
El endurecimiento de estas sanciones responde a la creciente preocupación por el incremento de servicios de transporte ilegales que operan sin supervisión y sin la garantía de seguridad para los usuarios. Con esta medida, el gobierno de Puebla busca frenar las operaciones clandestinas y proteger a los ciudadanos de posibles riesgos derivados de vehículos no regulados, como en el caso de los taxis pirata.
Con estas reformas, el Estado refuerza su compromiso de garantizar un transporte público más seguro, regulado y con mayores estándares de calidad, al tiempo que combate la ilegalidad en los servicios de movilidad.
