Después de 16 años en el congelador, el Congreso de Puebla finalmente aprobó la Ley de Voluntad Anticipada, un marco legal que permite a las personas con enfermedades terminales tomar una de las decisiones más difíciles que la vida nos presenta: renunciar a tratamientos que prolonguen su existencia, optando en cambio por una muerte digna. Esta es una elección que, aunque a menudo aparece en las tramas de películas y series, es una realidad dolorosamente común en los hospitales de México y todo el mundo.
Paradójicamente los legisladores en Puebla aprobaron la Ley de Voluntad Anticipada el mismo día en el que pasó la despenalización del aborto, 15 de julio; razón por la cual este asunto no tuvo tantos reflectores, aunque sin duda constituye también un dilema que -como el aborto- raya en los límites de lo ético, lo humano y lo religioso. Donde la ciencia y la religión también se encuentran, pues los avances tecnológicos ofrecen cada vez mejores y nuevos tratamientos, pero el groso de los mexicanos prefieren “descansar en paz” antes que prolongar la vida a costa del sufrimiento no solo del paciente, sino también de las familias.
Es curioso cómo, en un estado donde una buena parte de ciudadanos se autodenomina defensor de la vida, y donde ese mismo día se vieron manifestaciones en defensa de la vida desde la concepción, no hubo un posicionamiento claro respecto a la otra cara de la moneda: la decisión de no prolongar una vida que ya no es de calidad. Parece que en ese sentido existe un consenso entre los mexicanos.
El concepto simplista detrás de la Ley de Voluntad Anticipada no es muy distinto al del aborto: ambos son, en esencia, la oportunidad de decidir sobre el propio cuerpo y sobre la vida misma. Sin embargo, mientras el primero apenas levanta cejas en la discusión pública, el segundo es una constante fuente de polémica y división.
La ley permite que los pacientes firmen un documento ante un notario público o personal médico, donde expresan su deseo de evitar tratamientos que prolonguen la agonía de una enfermedad incurable. Esta decisión, aunque guiada por el amor y el deseo de evitar el sufrimiento, carga consigo un peso emocional que afecta no solo al paciente, sino también a sus seres queridos.
El documento de voluntad anticipada debe ser elaborado con total libertad, ante la presencia de dos testigos, y debe incluir detalles como la designación de un representante para velar por el cumplimiento de la voluntad del paciente, y la opción de donar órganos. Además, la ley establece que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, debe garantizar el cumplimiento de esta normativa, habilitando una Coordinación Especializada en materia de Voluntad Anticipada en un plazo de 90 días.
La aprobación de esta ley es un reconocimiento a la dignidad humana, permitiendo a las personas enfrentar el final de su vida con la serenidad de saber que han tomado una decisión basada en sus deseos más profundos, en un proceso que, aunque doloroso, busca la paz en el adiós. Además, ofrece una herramienta para prevenir conflictos familiares y médicos, proporcionando a las personas la oportunidad de decidir sobre su propio destino cuando ya no pueden hacerlo por sí mismas.
