En la madrugada del 14 de agosto de 2024, el “Góber Precioso” Mario Marín Torres, salió del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano” gracias a un cambio en su media cautelar. El exgobernador de Puebla, que enfrentaba cargos por tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, regresó a su residencia en Xilotzingo, Puebla, después de que una jueza federal determinara que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó elementos suficientes para mantenerlo en prisión preventiva.
Este desenlace, que generó una tormenta mediática y puso a Marín en todas las notas de ocho no solo en Puebla sino a nivel Nacional, es también un golpe indirecto al gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta. Aunque su relación política con Marín se remonta a sus días en el PRI, hoy en día, Armenta no tiene interés en revivir esa alianza, pues sabe que le costaría caro en términos de percepción pública, además de que MM tiene poco que sumar a su gobierno.
Entonces si no fue AA, ¿quién realmente se beneficia de la “libertad” de MM? Esta jugada tiene muchos matices y fue facilitada por un grupo de poder que busca debilitar al gobernador electo incluso antes de iniciar su sexenio. Marín ya no goza del mismo poder y Armenta no le debe nada.
La liberación de Marín se enmarca también en el contexto nacional, justo cuando se discute la reforma al Poder Judicial, un tema que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dudado en utilizar para subrayar la necesidad de cambios profundos en el sistema de justicia. Marín, sin quererlo, se ha convertido en una pieza más en este juego de poder, donde las cortinas de humo y los “sabadazos” judiciales están a la orden del día.
Lo cierto es que el regreso de Marín a la escena pública poco tendrá que ver con la operación pilítica, pero le ha dado un respiro a otros asuntos nacionales que han pasado desapercibidos, como las recientes acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de “El Mayo Zambada”.
En cuanto al caso de la periodista Lydia Cacho, que llevó a Marín a prisión, ha habido un desgaste evidente en los últimos años. Aunque el delito de tortura sigue siendo grave, las pruebas y testimonios que lo sostenían no han resistido el paso del tiempo. La operación que permitió el cambio de las medidas cautelares de MM no se hubiera concretado sin la debilidad inherente del caso, facilitando que este grupo de poder lograra su objetivo.
