La imprudencia de cuatro ministros tendrá consecuencias negativas y duraderas sobre el flujo de inversiones privadas en energía
Carlos M. Urzúa
En la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedará registrado el comportamiento un tanto inusual, por decirlo educadamente, de los cuatro ministros que hace unos días determinaron que no viola nuestra Constitución la reformada Ley de la Industria Eléctrica. Ésta es popularmente conocida como la ley de Bartlett, debido a su creador Manuel Bartlett Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyas aventuras comenzaron a registrarse desde hace ya cuarenta años en otra historia, la de la folclórica élite de políticos mexicanos.
Al contrario de los equilibrados juicios de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte, siete de once, ese cuarteto de cuatroteístas determinaron que la nueva ley no viola los principios constitucionales del derecho a la salud, del derecho de los niños a vivir en condiciones de bienestar y del derecho de los mexicanos para acceder a los mercados y beneficiarse de la competencia en ellos. Aunque refutar los argumentos de ese cuarteto no es por lo demás difícil, ya los otros siete ministros y un buen número de técnicos expertos en el sector eléctrico lo han hecho de manera contundente.
Dedicamos mejor esta columna a comentar acerca de algo más terrenal: los costos que conllevaría la ley de Bartlett si pudiera realmente concretarse. Primero, como ya comenzó a ocurrir tras el mero anuncio de la contrarreforma, la imprudencia de ese cuarteto tendrá consecuencias negativas y duraderas sobre el otrora cuantioso flujo de inversiones privadas en el sector de la energía.
Segundo, los dictámenes del cuarteto cuatroteísta no generaron jurisprudencia, por lo que los recursos de amparo que ya tenían las empresas afectadas seguirán su curso. Y de perder por esa vía, las empresas extranjeras demandarían al gobierno mexicano ante las instancias legales contempladas en los tratados de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con la Unión Europea y con la Asociación Transpacífico encabezada por Japón.
Tercero, la electricidad generada por la CFE cuesta, en promedio, significativamente más que la generada por el sector privado. Dado que obviamente López Obrador no permitiría que se trasladasen esos costos extras a la población, entonces el gobierno tendría que incrementar de manera considerable los abundantes subsidios que ya recibe esa empresa estatal.
Cuarto, para poder generar más electricidad, sin emplear carbón o combustóleo, la CFE tendría que hacer inversiones extraordinarias con dinero del erario público (el dinero de todos, pues). Tan cuantiosas tendrían que ser esas inversiones que harían palidecer el costo gigantesco de la refinería en Dos Bocas.
Y el punto más importante: los costos de producción de la CFE son mayores no solo porque la electricidad que genera el sector privado es hecha de manera más eficiente, a través en particular de la energía solar y la energía eólica, sino también porque el costo laboral de la CFE es considerable. Resulta que Bartlett tuvo a bien hacer en el 2020 otra contrarreforma, de pensiones en esa ocasión. Desde entonces los trabajadores de la empresa pueden optar por jubilarse a los 55 años y las trabajadoras a los 50. Los números rojos que hoy tiene la CFE son consecuencia de ello. Y, lamentablemente, esos costos laborales seguirán creciendo como una bola de nieve en el futuro.
Profesor del Tecnológico de Monterrey
