La fotografía de un cheque emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), donde Javier Aquino Limón era director, ha comenzado a circular con fuerza. El cheque, de BBVA-Bancomer, fue entregado al Ejido Santa Rita Tlahuapan, en el municipio de Tlahuapan, Puebla, por la suma de 176 millones 231 mil 515.42 pesos que debía ser repartido en 60 ejidatarios.
Aquino, ahora secretario de Gobernación del estado de Puebla, entregó este cheque en julio de 2018, durante el sexenio priista de Enrique Peña Nieto. Se suponía que esta fotografía trasladaría los ánimos incendiarios de la conversación digital hacia los “campesinos ambiciosos e indolentes que cierran las vialidades en busca de más dinero,” desviando la atención de la incompetencia de las autoridades federales y estatales que no logran la apertura de las vialidades. Sin embargo, el cheque ha hecho todo lo contrario: ha encendido las alarmas sobre una posible trama de irregularidades.
¿Por qué no fue este cheque el argumento inicial del gobierno para frenar el paro? ¿Por qué lo sacaron a relucir más de 30 horas después del cierre de carreteras, y no desde el primer bloqueo? Las preguntas se acumulan, como los autos varados en la autopista. ¿Por qué no está certificado? ¿Dónde están los documentos que respalden la recepción de este dinero? ¿Por qué el pago se realizó al dirigente y no directamente a los ejidatarios? ¿Y dónde están las firmas de todos los involucrados? Lo único que hay es una foto del cheque, otra de Aquino entregándolo, pero cero pruebas de que el dinero llegó a las manos de a quien correspondía.
El cheque número 7301, folio 44214472, parece ser más una prueba de irregularidades que de solución. No era un cheque certificado ni de caja, lo que deja un rastro de sospechas sobre cómo se manejaron estos 176 millones de pesos. Los medios señalan que este cheque podría ser una señal de que los ejidatarios fueron víctimas de un fraude por parte de su propia mesa directiva, pero la realidad es que no existió una supervisión de las autoridades.
Este cheque no solo desata la furia de los ciudadanos atrapados en el tráfico, sino que también expone las grietas en la gestión de conflictos por parte del gobierno estatal y federal. En un contexto político donde las viejas prácticas siguen marcando el ritmo, el manejo de esta situación podría tener repercusiones significativas en el gabinete de Puebla, con Javier Aquino en el centro de la tormenta.
