¿Alejandro Carvajal traición a la 4T? Se abstiene de votar por la supremacía constitucional

Por: Adriana Colchado

@tamalito_rosa

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En un movimiento que generó controversia y marcó un precedente en el ámbito legislativo, Morena y sus aliados aprobaron la reforma conocida como “supremacía constitucional”, cuyo propósito es prohibir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise la constitucionalidad de futuras reformas promovidas por el Congreso. Este “blindaje constitucional” fue aprobado el [fecha] con 340 votos a favor, obtenidos mayormente de los partidos Morena, PT y PVEM, y 133 en contra, votados en bloque por el PRI, PAN, y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, un miembro de Morena, el diputado poblano Alejandro Carvajal Hidalgo, se abstuvo de votar en lo general, acción que generó interés dado su historial de respaldo a reformas de su partido en el poder judicial.

El poblano Alejandro Carvajal Hidalgo, ha sido un activo defensor de las reformas judiciales propuestas por Morena. Ha sido promotor del “Plan C”, un paquete de reformas constitucionales que incluye la elección por voto popular de los ministros de la SCJN y la desaparición del INAI, planteando que las funciones del Instituto serían absorbidas por dependencias federales. Sin embargo, su abstención en esta última reforma ha generado interés. En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Carvajal explicó que, aunque apoya la reforma judicial y la limitación en el abuso de amparos, la redacción del segundo transitorio en la reforma sobre “supremacía constitucional” incluye un error que establece la retroactividad de la ley, lo cual considera que necesita revisión.

Esta reforma plantea consolidar los cambios promovidos por la mayoría parlamentaria en materia de justicia y limita los recursos de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos contra modificaciones y adiciones a la Constitución. De aprobarse en el Senado, se establecerá la imposibilidad de que la SCJN intervenga para evaluar si dichas reformas respetan o no los preceptos constitucionales. En palabras de varios analistas, esta limitación permitiría cambios sustanciales en el poder judicial, y otros ámbitos de la Constitución, con una libertad casi ilimitada para el Congreso.