En un giro radical en la lucha contra el crimen organizado, el gobierno de Estados Unidos ha lanzado una agresiva estrategia para desmantelar a los cárteles mexicanos del narcotráfico. El Departamento de Justicia ha declarado que utilizará todos sus recursos disponibles para perseguir y eliminar a los líderes de estas organizaciones criminales, aplicando incluso la pena de muerte como posible castigo.
El gobierno de EE. UU. apunta a los cárteles más poderosos
El documento presentado por el Departamento de Justicia de EE. UU. establece un cambio significativo en la forma de abordar el narcotráfico, priorizando la persecución de los mandos medios y altos de los cárteles, incluidos los líderes de los dos grupos más influyentes: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta nueva estrategia se enfoca en desmantelar por completo estas organizaciones y detener su actividad criminal de forma definitiva.
La fiscal Pam Bondi, encargada de implementar la estrategia, subrayó que la nueva medida no solo tiene como objetivo contener el tráfico de drogas, sino erradicar por completo las estructuras de poder que sustentan a los cárteles. “No podemos permitir que estas organizaciones sigan envenenando a nuestra gente con drogas mortales como el fentanilo. Usaremos todos los recursos disponibles para eliminarlas de una vez por todas”, declaró Bondi en el documento.
Pena de muerte y deportaciones: medidas extremas para combatir el narcotráfico
La estrategia también incluye la aplicación de la pena capital en los casos más graves, una medida que ha generado controversia y debate en Estados Unidos. Esta decisión refuerza la postura del gobierno de Trump frente al narcotráfico, en un intento de aplicar castigos severos a aquellos que lideran las organizaciones más peligrosas. Además, el gobierno de EE. UU. planea la deportación inmediata de migrantes con antecedentes criminales que pertenezcan a estos cárteles.
Para determinar a quiénes se perseguirá con mayor énfasis, el Departamento de Justicia ha delineado una serie de criterios clave, entre los cuales se encuentran:
- Ser líder o controlador dentro de una organización criminal.
- Tener presencia en territorio estadounidense o emitir órdenes desde EE.UU.
- Haber causado la muerte o daño a ciudadanos estadounidenses.
- Tener vínculos con terrorismo internacional.
- La posibilidad de aplicar sanciones económicas o medidas adicionales para frenar sus actividades.
Estos criterios están diseñados para identificar a los miembros más peligrosos de las organizaciones criminales y tomar medidas legales contundentes para neutralizarlos.
Fortalecimiento de unidades especializadas para la persecución de cárteles
Como parte de esta ofensiva, se ha anunciado el fortalecimiento de dos grupos especializados encargados de combatir el crimen organizado. La Fuerza Conjunta de Tarea Vulcan, creada en 2019 para hacer frente a la Mara Salvatrucha (MS-13), y la Fuerza Conjunta de Tarea Alpha, que trabaja en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional para frenar el tráfico de personas, recibirán más recursos y apoyo para intensificar sus operaciones.
Ambas unidades estarán centradas en rastrear, capturar y enjuiciar a los miembros de los cárteles con base en la nueva estrategia del Departamento de Justicia. El objetivo es cerrar los espacios de operación de los narcotraficantes y desmantelar sus redes de distribución de drogas, lo que incluye tanto el tráfico de fentanilo como otras sustancias ilícitas.
Un futuro incierto en la lucha contra el narcotráfico
Con esta nueva estrategia, el gobierno de Estados Unidos ha dejado en claro que su lucha contra los cárteles mexicanos entra en una fase más agresiva y radical. La implementación de la pena de muerte y la aplicación de medidas drásticas como la deportación de migrantes con antecedentes criminales muestran la disposición de las autoridades estadounidenses a tomar medidas extremas para erradicar el narcotráfico.
El impacto de esta estrategia en las relaciones entre Estados Unidos y México, así como las posibles repercusiones legales y diplomáticas, aún está por verse. Sin embargo, lo que es claro es que la administración de Trump está dispuesta a intensificar la lucha contra las organizaciones criminales que operan entre ambos países, con la esperanza de frenar el flujo de drogas y sus devastadoras consecuencias para la salud pública en EE. UU.
