Un juez federal dictó auto de formal prisión contra Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, por el delito de delincuencia organizada en modalidad de delitos contra la salud. Este es el primer proceso penal que enfrenta en México tras su deportación de Estados Unidos el pasado 16 de diciembre.
El Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal de Toluca, Daniel Marcelino Niño Jiménez, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas suficientes para enjuiciar al llamado “Patrón” o “Mata amigos”, actualmente recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Acusaciones y antecedentes
La investigación señala que Cárdenas Guillén, de 56 años, ejerció el liderazgo del Cártel del Golfo y realizó alianzas con otras bandas criminales, además de traficar drogas desde el puerto de Lázaro Cárdenas hacia Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y el extranjero.
Durante su audiencia, el narcotraficante se declaró inocente de las acusaciones, que forman parte de una serie de procesos pendientes desde su entrega a las autoridades mexicanas.
Otros procesos pendientes
Se espera que este lunes un juez en Jalisco determine si se le dicta formal prisión por otro expediente, donde se le acusa del asesinato de seis personas en Matamoros, Tamaulipas, en 2002.
Además, el Gabinete de Seguridad ha señalado que Cárdenas Guillén enfrenta cargos adicionales por homicidio calificado, delincuencia organizada y delitos contra la salud, entre otros. La FGR también tiene pendientes siete expedientes por operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
Posible condena
De ser encontrado culpable en los distintos procesos, el exlíder del Cártel del Golfo podría enfrentar una condena acumulada de hasta 730 años de prisión, derivada de su historial delictivo y liderazgo en el narcotráfico durante décadas.
Con este primer proceso formalizado, el gobierno mexicano busca cerrar capítulos pendientes en la lucha contra la delincuencia organizada y garantizar que los líderes criminales rindan cuentas ante la justicia.
