*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.
Uno de los rubros más importantes de la agenda de López Obrador desde su largo camino para llegar a la Presidencia de la República, hasta este momento, sin duda alguna ha sido el de la Educación, desde su férrea crítica y oposición a las reformas que se dieron en la era neoliberal de México principalmente en la que surgió de las reformas estructurales del denominado “Pacto por México” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que durante su última campaña le permitió lograr el apoyo del magisterio nacional aglutinado en la CNTE, al calificarla como una reforma que tenía más tintes de laboral, que a pesar de haber sido muy controvertida, tuvo del 70 al 80% de aceptación ciudadana de acuerdo a diversos sondeos, al limitar algunos privilegios del sindicato, como los de heredar o vender las plazas, el no estar sometidos a evaluación alguna para permanecer o no en el trabajo, o para corregir las deficiencias como ocurre en otros empleos.
López Obrador calificó como “contrarreforma laboral” la reforma educativa de Peña Nieto como un intento por privatizar la educación en perjuicio del pueblo y beneficio exclusivo de las élites económicas; propuso mejorar la infraestructura escolar en todos los niveles primarios y abrir la educación superior a todo el que lo desee, sin el filtro de los exámenes de admisión que considera un pretexto para excluir a muchos, siendo que el propósito deliberado “es que la educación deje de ser un factor de movilidad social y se convierta en un simple instrumento para sostener y dar legitimidad a un proyecto basado en el afán de lucro y la desigualdad”
El discurso de López Obrador en contra de las reformas estructurales emanadas del “Pacto por México” y su ofrecimiento de echarlas abajo, proponiendo otras inspiradas al viejo modelo nacionalista-revolucionario tuvo buena aceptación entre los electores y le dieron un número importante de votos en el proceso electoral de 2018, porque el rechazo a las mismas y sus nulos resultados en favor de las mayorías fueron evidentes provocando el malestar y hartazgo ciudadano bien capitalizado por AMLO.
Una vez que asumió la Presidencia de la República, López Obrador se planteó en primer lugar echar abajo las reformas como la educativa y en su Plan Nacional de Desarrollo plasmó los ejes centrales de lo que en su concepto debe impartirse la educación en todos los niveles y modalidades.
Señala que: “durante el período neoliberal el sistema de educación pública fue devastado por los gobiernos oligárquicos; se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior, se sometió a las universidades públicas a un acoso presupuestal sin precedentes….” Señala además: “esta estrategia perversa se tradujo en la degradación de la calidad de la enseñanza en los niveles básico, medio y medio superior y en la exclusión de miles de jóvenes de las universidades”
Ante esta circunstancia, el gobierno federal se comprometió desde un inicio a mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa.
A cuatro años de la gestión de López Obrador, la situación de la educación en el país, no ha mejorado y en este momento de acuerdo a indicadores nacionales, se encuentra en peores condiciones de las que tenía en el periodo neoliberal, debido a que si bien es cierto el 30 de septiembre de 2019 tenemos una Nueva Ley General de Educación, también lo es que, a la fecha la gratuidad de la
educación en todos los niveles no se ha logrado y peor aún el compromiso contraído por el gobierno de mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, sigue pendiente y en el caso de planteles rurales y escuelas ubicadas en zonas alejadas siguen en el abandono y sin recibir los beneficios prometidos.
En cuanto a la educación superior, las Universidades Autónomas, desde la UNAM hasta las de provincia, siguen siendo estigmatizadas como corruptas y continuamente se les siguen aplicando recortes al subsidio que deberían recibir por parte del gobierno federal, con lo que les impiden atender a más estudiantes y mejorar las condiciones laborales de su personal administrativo y académico, siendo de las más castigadas por la “austeridad republicana” y ahora ya enfrentando los recortes de la “pobreza franciscana” con lo que la 4T incurre en lo que criticó de los gobiernos neoliberales que al acosar presupuestalmente a las universidades públicas; es decir, incumpliendo la promesa de no aplicar dichas políticas en el ejercicio del poder.
Pero cabría preguntarnos: ¿realmente cuál es el malestar del gobierno de AMLO en contra de las Universidades autónomas? ¿Por qué les da ese trato? Y ¿Por qué descalifica su labor en bien de los jóvenes que estudian en dichos centros educativos? Simplemente porque al estar garantizada la autonomía universitaria en la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le es imposible controlarlas y menos aún manejarlas ideológicamente a favor de su grupo político y de su Partido; debido además al hecho de que en muchos aspectos los académicos e intelectuales que laboran en ellas, forman profesionistas con una visión independiente y alejada de tintes políticos o partidos.
En el caso de las Instituciones privadas de nivel superior, la situación es todavía más difícil, debido a las políticas impulsadas desde el gobierno federal y de los estados, con una Ley General de Educación Superior que las trata como negocios privados, sin considerar la aportación y servicio que prestan para atender una demanda educativa que a la fecha el Estado no ha podido absorber por medio de las universidades públicas, instituciones que han padecido los embates del CONACYT y su directora al recortar los apoyos a sus investigadores, publicaciones y programas de investigación.
Las Universidades privadas, de no existir dejarían a miles de jóvenes sin opciones para formarse profesionalmente siendo presas de la delincuencia organizada y sin oportunidades de mejorar sus condiciones de vida y de sus familias. Ya que aún en la pandemia de la Covid 19, sin ningún apoyo gubernamental las Universidades privadas continuaron ofreciendo sus servicios a los estudiantes para evitar la deserción y que truncaran su formación profesional, circunstancia que al gobierno de la 4T carece de importancia.
*Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
