*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.
La crítica situación laboral de los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Puebla, que motivó una manifestación de un grupo de alrededor de doscientos inconformes el pasado 3 de abril ante el Presidente del Consejo de la Judicatura Carlos Palafox Galeana, para exigirle una mejora en sus condiciones de trabajo y un incremento salarial que desde hace más de cuatro años, por el conflicto existente en la elección de la dirigencia del Sindicato de Burócratas del Estado, no les ha sido otorgado bajo el pretexto de que carecen de representante para la revisión salarial, lo que no ha sido obstáculo para que religiosamente se les hayan descontado mensualmente sus cuotas sindicales, para una organización que se encuentra en el abandono y sin que nadie sepa el destino de los recursos que recibe.
Lo anterior, sumado a la falta de estabilidad laboral de muchos trabajadores, que desde hace más de diez años son contratados por honorarios mediante contratos que van de seis meses a un año y los que deben renovarse a capricho del superior jerárquico, lo que trae consigo la suspensión del pago hasta por otros tres meses, sin que se les otorguen prestaciones laborales, sin seguridad social, ya que si desean afiliarse al ISSSTEP deben pagar una cuota mensual de mil seiscientos pesos que les son descontados de su salario y sin poder acceder a una plaza de base, son otras de las causas de la inconformidad de los trabajadores y los tiene al borde de la desesperación, al ver que pasan los años y a nadie le preocupa las pésimas condiciones en que deben prestar sus servicios a quienes todos los días acuden a las diferentes instalaciones del Poder Judicial a solicitar justicia.
Varias son las razones que obligaron a los trabajadores a inconformarse, incluso muchos de ellos lo hicieron a pesar de la amenaza velada de sus superiores de que si acudían a la manifestación pondrían en riesgo su permanencia en sus puestos, lo que no les importó, a sabiendas de que solos nunca llamarían la atención del Presidente del Consejo de la Judicatura, que a unos meses de su arribo al cargo otorgó un incremento salarial del 20% al salario de los Magistrados y posteriormente a los jueces de primera instancia, bajo el argumento de que dichos aumentos estaban incluidos en el presupuesto de egresos de este año, sin aclarar si el anterior presidente del Tribunal había solicitado un aumento para el demás personal, es decir de los secretarios, oficiales mayores, diligenciarios, oficiales mayores, mecanógrafas y comisarios,que son quienes llevan el mayor peso del trabajo de los juzgados y salas que integran el Poder Judicial del Estado.
Es importante aclarar, que no podemos estar en contra de que se haya otorgado el aumento a los Magistrados y Jueces, ya que a pesar de ello, sus sueldos siguen siendo inferiores a los que perciben funcionarios con el mismo nombramiento en otros Estados del país y si los comparamos con los del Poder Judicial de la federación, quedan muy por debajo; sin embargo, en alguien debe recaer la responsabilidad de no haber otorgado un incremento al demás personal en todos estos años.
Otro de los reclamos hacia el Presidente del Consejo de la Judicatura Carlos Palafox Galeana, fue el que con motivo de la reforma al Poder Judicial del Estado ha habido un aumento en las plazas tanto del Consejo de la Judicatura, como de las nuevas salas del Tribunal y se ha contratado a personal externo con altos salarios, muy por encima de lo que ganan los trabajadores con mayor antigüedad en el Poder Judicial, por lo que no se justifica que por un lado se les niegue un aumento al personal de base sindicalizado y de confianza
de los juzgados y salas bajo el argumento de que no hay presupuesto y por otro lado se abran nuevas plazas para personal recién contratado, sin carrera judicial.
La reforma judicial aprobada por el Congreso del Estado, otorgó todo el poder y manejo de los recursos, así como de la representación del Poder Judicial en manos del Presidente del Consejo de la Judicatura, borrando el papel que desempeñaba antes de la reforma el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que detenta actualmente la Magistrada Margarita Gayosso Ponce y que se encuentra laborando integrando sala como uno de sus pares en el Tribunal sin mayor peso en la toma de decisiones, lo que también ha significado para los trabajadores un menosprecio a quién llegó al cargo con una carrera judicial probada y con los méritos suficientes para ocupar la Presidencia.
Esperemos que el movimiento de los trabajadores del Poder Judicial del Estado, sea apoyado por el gremio de los Colegios y Barras de Abogados en el Estado, que tal pareciera dejaron de existir desde hace muchos años, y habrá que estar muy pendientes, que el movimiento, no sea motivo de que se tomen represalias en contra de quienes hicieron valer su derecho a manifestarse y realmente se les apoye en sus justas demandas, ya que no sólo los justiciables, sino la sociedad poblana merecemos contar con personal capacitado y que además proporcione un servicio eficiente en la impartición de justicia, lo que sólo será posible si cuentan con las condiciones mínimas necesarias para su sostenimiento y el de sus familias, en momentos en que la situación económica del país se torna cada vez más grave y el riesgo de perder sus fuentes de empleo y antigüedad para llegar a una jubilación, afecta el desarrollo de sus actividades como funcionarios.
*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
