Cada mexicano tiene asumida una deuda de 33.437 pesos por las obligaciones de la empresa petrolera del Estado, según estima el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)
Las campañas presidenciales en México arrancaron ya y en la mente de los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, sobresale una pregunta de la que pende, en gran medida, el futuro del país: ¿qué hará la próxima presidenta con Petróleos Mexicanos?
Habiendo pasado sus años de gloria, la petrolera es hoy la más endeudada del mundo, con 110.000 millones de dólares en deuda, lo que equivale a cerca del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Pemex sigue siendo un beneficio neto para México, pero cada año ese beneficio se ha ido reduciendo. Bajo la Administración de Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno ha tomado recursos de los rubros de educación, salud y protección del medio ambiente para canalizarlos a la empresa, aun cuando esta no ha podido elevar significativamente su producción.
Los costos de mantener a Pemex como está incrementarán. En 2024, deberá pagar 11.000 millones en servicio de su deuda, por lo que el Gobierno presupuestó ya una partida para ayudarle. A esto se le suma la inflación, todavía por encima del rango meta, el gasto en pensiones y las transferencias sociales, un incremento en el déficit y el gasto en inversión e infraestructura programado para 2024. El resultado son finanzas públicas limitadas y con múltiples presiones para la próxima presidenta, la cual se elegirá el 2 de junio y asumirá el poder en octubre del próximo año. Ninguna de las dos candidatas punteras —Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez— ha presentado un plan para abordar esta situación.
“Todavía estamos en la etapa temprana de la campaña”, dice Carlos Morales, analista de la firma de análisis de riesgo crediticio Fitch Ratings. La empresa califica los bonos de Pemex por debajo del grado de inversión como “basura”. “Pero mucho del próximo Gobierno dependerá de quién financiará el Pemex. Si Pemex tendría que financiarse por sí mismo, la presión de costos de financieros aumentará bastante en los próximos años y cambiará mucho la ecuación de este beneficio neto para el Gobierno que todavía representa la empresa”, explica el analista. Es decir, el Gobierno está atado de manos y lo mejor es que siga apoyando a Pemex, pero pudiera hacerlo mientras cambia el rumbo de la empresa.
La era post-petróleo
Las reservas de hidrocarburos de Pemex sumaban, en 2012, casi 20.400 millones de barriles de crudo. Para el 2022, ese número se redujo a 11.400. Es decir, se extrajeron el 44% en la última década, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). El CIEP es un centro independiente de análisis e investigación sin fines de lucro. El think tank calcula que las reservas actuales se podrían agotar en 11,8 años, lo que abre el paso a una era post-petróleo para la empresa.
Al cierre de 2022, los pasivos de la empresa fueron 46% mayor respecto a sus activos, por lo que, de acuerdo con el CIEP, cada mexicano tiene asumida una deuda de 33.437 pesos por las obligaciones de Pemex. Su operación ha generado más pérdidas que utilidades en los últimos años: después de una década sin utilidades, fue hasta 2022 que logró un rendimiento neto positivo de 23. 049 millones de pesos.
Pemex “deja al Gobierno en una situación bastante vulnerable, dados los ingresos que se proyectan a futuro”, dice César Rivera, analista investigador del CIEP especializado en el sector energético. En 2022, los ingresos petroleros representaron el 5,1% del PIB y Rivera estima que, para 2029, este porcentaje sea de 2,4%. “Esto marca lo que va a representar para la Federación los ingresos que va a tener que buscar, que compensen estos ingresos petroleros y esto va a tener como consecuencia un golpe para la recaudación que repercute estados y municipios”.
Bajo esta Administración, se ha bajado al 30% el impuesto que se cobra a Pemex, conocido como Derechos de Utilidad Compartida (DUC), el cual la ley estipula debe ser de 54%. Encima de esto, se han hecho inyecciones de capital. La suma de ambos tipos de ayudas suma un billón 832.000 millones de pesos del 2020 a 2024.
“Una parte importante de los recursos del país se ha dirigido a Pemex para su consolidación financiera y se ha dejado de lado temas importantes dado lo que pasamos con la pandemia, como es la educación, porque existe un rezago educativo que se tiene que compensar y se sacrifica esa parte del gasto por el apoyo a Pemex”, dice Rivera y agrega que recursos de rubros de salud y la protección del medio ambiente también se han ido reduciendo.
Dado el estado y la capacidad financiera de Pemex, el Gobierno, muy probablemente, tendrá que seguir inyectando liquidez, opina Morales, de Fitch. En agosto, él y su equipo publicaron un sorprendente informe en donde aseguraron que la deuda de Pemex está cerca de impactar negativamente la calificación crediticia de los bonos soberanos.
“Nuestro estimado es que todavía el Gobierno recibe más de lo que le da, sigue siendo un beneficio neto”, asegura Morales, “sin embargo, este beneficio ha disminuido bastante en los últimos años, en gran parte porque la producción del petróleo ha ido a la baja en las últimas dos décadas, pero también la necesidad de inyectarle dinero a Pemex”. La participación de los ingresos petroleros en el total de ingresos presupuestarios ha pasado del 44,3% en su punto máximo en 2008 a 18,4% proyectado para el año 2023, según el CIEP.
La ausencia de un plan
Hasta ahora, la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, ha endulzado el oído de los empresarios diciendo que el futuro del país está en integrar más energías renovables, lo que representaría un quiebre con la narrativa de la Administración de López Obrador. Sin embargo, su postura coincide con la del actual presidente en que debe ser el Estado el que propietario de todos los recursos energéticos, así como el beneficiario mayoritario de sus rentas, como constan diversos textos escritos por la científica durante su tiempo como académica.
La candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, también ha dicho, sin entrar a mayor detalle, que ella abriría de nuevo el sector energético para impulsar las energías limpias. También ha dicho que las rondas petroleras que planearon en la Administración de Enrique Peña Nieto para los campos mexicanos perdieron atractivo en los últimos años.
“No es solamente decir ‘hay que dejar a Pemex’”, dice Rivera, quien recomiendo desenterrar la emisión de certificados de energías limpias que se emitían a privados interesados en generar electricidad con fuentes renovables, “creo que la discusión se tiene que ir a cómo, dada una transición energética, Pemex podría vincularse a este sector. Pensar en una transición justa implicaría que sus trabajadores comiencen a capacitarse o se dirijan a las energías renovables, que se les permita tener una participación en el sector de forma limpia y que le ayude también a Pemex”.
