Es probable que los diputados de Morena no tengan idea precisa de lo que están haciendo con el recorte de fideicomisos al Poder Judicial, porque a quienes afectarán es a magistrados, jueces y funcionarios en retiro.

Por Julián Andrade

EMEEQUIS.– En Morena deberían dejarse de pretextos y plantear que no quieren que el Poder Judicial subsista, al menos no con los niveles de independencia con que ahora operan ministros, magistrados y jueces.

Ese es el meollo del asunto detrás de la extinción de los 13 fideicomisos, seis de los cuales garantizan compromisos con los trabajadores, ahorros para el retiro y derechos adquiridos y protegidos por las leyes.

El hachazo de 15 mil millones de pesos no afectará a los ministros de la Suprema Corte, ya que ellos tienen garantizadas sus prestaciones, entre ellas las condiciones de retiro, en la propia Constitución y los instrumentos financieros no son necesarios para sus casos particulares.

Es probable que los diputados de Morena no tengan idea precisa de lo que están haciendo, porque no suelen estudiar y mucho menos reflexionar sobre las barbaridades que les encargan o que ellos mismos animan para quedar bien con Palacio Nacional.

Porque a quienes sí afectarán es a magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial en retiro, porque en los hechos lo que ocurrirá, si la propuesta de Ignacio Mier y de Hamlet García Almaguer, perteneciente este último a una de las cofradías más oscurantistas, no es detenida, será una expropiación de recursos que no le pertenecen al gobierno, como son las pensiones y los fondos para la separación de los cargos.

Una de las críticas que suelen hacerse es que en el Poder Judicial hay prestaciones adicionales, como si eso fuera un hecho reprobable, cuando a lo que se debería aspirar es a condiciones dignas de trabajo en todo el Estado mexicano.

Se distorsionan las cosas, como señalar que hay una partida para las casas de magistrados y ministros, cuando en realidad se trata de recursos para hacer posibles los cambios de adscripción en condiciones seguras y adecuadas.

Lo mismo con los seguros médicos, una verdadera fijación de un grupo político que destruyó el sistema de salud y donde sus altos jerarcas no se atienden en el ISSSTE.

Es un golpe directo a los derechos laborales. La secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, podría ilustrar a los legisladores de su partido sobre el precedente pernicioso que esto puede causar y más para la credibilidad de un movimiento que todavía se reivindica de izquierda.

No lo hará, por supuesto, y menos cuando el presidente López Obrador ha dejado muy claro que en su movimiento están infiltrados los conservadores.

Enumeró a varios el presidente y de un jalón: quien se encargó de las indagatorias del caso Ayotzinapa, y no quiso detener a Jesús Murillo Karam, la que buscaba a personas desaparecidas y se negó a cambiar los protocolos de búsqueda y los investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico que se inconformaron porque en los archivos militares están destruyendo evidencia de la Guerra Sucia.

En ese esquema, en una especie de cruzada por “la salud pública”, es que personajes como García Almaguer pueden destacar y darse el lujo de mentir sobre los integrantes del Poder Judicial, de propiciar una crisis constitucional y de características que no habíamos visto hasta ahora.

Porque a eso nos encaminamos, a una situación delicada en la que la Suprema Corte se tendrá que defender y ya como última trinchera, ya no en papel de juez, sino de víctima del pleito.

La ministra Norma Piña ha dicho que defenderán a los trabajadores del Poder Judicial, el dilema, la duda, es ¿qué ocurrirá si en Morena simplemente deciden no hacer caso? No lo sabemos y por ello es por lo que inquieta la coyuntura.

Hasta ahora en la 4T se han allanado a las resoluciones de los jueces, pero cada día que pasa avanzan en sus presiones. El Estado de Derecho se cuida y protege porque existe el ambiente propicio para ello, pero es como un cristal que puede romperse.

La Suprema Corte requerirá del apoyo de las fuerzas políticas opositoras, de los colegios y barras de abogados, de las instituciones académicas, de las organizaciones de la sociedad civil.

Insisto, los fideicomisos son sólo un pretexto, y prueba de ello es que los impulsores del recorte no tienen ni la menor idea de a quién afectarán en principio, aunque sí intuyen el daño que causarán y pronto, a todo el sistema de justicia, que es en realidad lo que los motiva.

@jandradej